Fiscalía investiga infiltración en esquema de seguridad de Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación ha dado un giro a la investigación del magnicidio del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, abriendo una nueva línea que se centra en la posible infiltración de su esquema de seguridad. Esta arista surge a partir de hallazgos que sugieren encuentros entre algunos de los escoltas del político y alias ‘El Viejo’, sindicado como uno de los principales autores materiales del crimen.

La tesis de la infiltración: Seguimiento a los celulares

Según la información recopilada por la Fiscalía, dos episodios específicos han encendido las alarmas y sustentan la hipótesis de una colusión. La investigación se apoya en el rastreo de señales de teléfonos celulares que posicionan a los escoltas en la misma ubicación que el señalado criminal en momentos clave:

Enero 28 de 2025: Mientras Miguel Uribe se encontraba en Panamá y su esposa, María Claudia Tarazona, en Miami, las señales de los celulares de dos de sus escoltas coincidieron con la zona donde se encontraba alias ‘El Viejo’.
Inicios de abril de 2025: En una segunda instancia, mientras Uribe y Tarazona se encontraban en Cali, los mismos dispositivos móviles de los escoltas volvieron a registrar una coincidencia con la ubicación de ‘El Viejo’, esta vez en las inmediaciones del Congreso de la República.

La tesis central que maneja el ente investigador es que en estas dos ocasiones, los escoltas habrían sostenido reuniones con alias ‘El Viejo’ con el objetivo de suministrarle información detallada sobre el funcionamiento y los movimientos del esquema de seguridad del entonces senador. Estos encuentros podrían haber facilitado la planificación y ejecución del atentado que cobró la vida de Uribe Turbay.

Contexto Político y de Seguridad en Colombia

La presunta infiltración en esquemas de seguridad de figuras públicas no es un fenómeno aislado en la historia reciente de Colombia, especialmente en un país marcado por décadas de conflicto armado y la persistente amenaza de grupos criminales. La protección de políticos, exfuncionarios y líderes sociales recae en gran medida en la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad que ha enfrentado recurrentes cuestionamientos sobre su eficiencia y, en ocasiones, sobre la integridad de algunos de sus miembros. Casos de corrupción, negligencia o, como el que nos ocupa, la presunta complicidad con estructuras criminales, minan la confianza pública en estas instituciones y exponen la fragilidad de la seguridad personal en entornos de alto riesgo político y social. Este tipo de incidentes subraya la complejidad de garantizar la seguridad en un país donde las redes de criminalidad organizada han demostrado capacidad para penetrar diversas esferas del Estado.

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Preocupación por la seguridad de María Claudia Tarazona

La revelación de esta posible infiltración ha generado una profunda preocupación por la seguridad de María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay. Actualmente, Tarazona mantiene un esquema de seguridad conformado por 12 personas, un número significativo que refleja el riesgo latente que podría enfrentar tras los acontecimientos.

Fuentes cercanas al Centro Democrático, partido al que pertenecía Miguel Uribe, han expresado inquietud y, de manera extraoficial, han sugerido que Tarazona podría necesitar ser enviada fuera del país como medida extrema para salvaguardar su vida, ante la magnitud del riesgo implícito en esta nueva línea de investigación.

Desarrollos en la investigación del magnicidio

La investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay ha avanzado en diferentes frentes. Hasta el momento, varios individuos han sido procesados y condenados en relación con el crimen. Recientemente, se conoció la condena a 21 años de prisión para otro implicado en el atentado. Además, cinco de los procesados han llegado a preacuerdos con la Fiscalía, lo que ha permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la identificación de otros actores involucrados.

Cabe recordar que, en el pasado, la investigación contra el jefe de seguridad de Miguel Uribe fue precluida tras el atentado en Bogotá, lo que agrega una capa de complejidad a los antecedentes del caso. La actual investigación sobre la posible infiltración del esquema de seguridad representa un paso crucial para determinar si hubo complicidad interna en la planeación del crimen y si los responsables se valieron de información privilegiada para ejecutar el magnicidio.