Fiscalía insiste en cárcel para hermano de Daniel Quintero

La Fiscalía y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) han reiterado su solicitud de prisión para Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero. La petición se formalizó este lunes 5 de octubre, en el marco de la apelación a la detención domiciliaria que le había sido impuesta el 2 de octubre por el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín.

Miguel Quintero Calle, junto con Sebastián de Dios Ortega Urán, enfrenta imputaciones por presuntas irregularidades contractuales entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Las defensas de ambos imputados, por su parte, abogan por mantener las medidas ya establecidas.

Argumentos de la Fiscalía para la solicitud de cárcel

La fiscal María Teresa Gómez Salinas, encargada del caso, solicitó que Miguel Quintero cumpla la medida de aseguramiento en un establecimiento de reclusión. La fiscalía argumenta que, si bien el juez ya reconoció que Quintero representa un peligro para la comunidad, la detención domiciliaria no restringe adecuadamente su capacidad de actuar a través de terceros o de comunicarse, lo cual fue un patrón durante los hechos investigados, según la acusación.

Gómez Salinas declaró: «El problema no es dónde está Miguel Quintero, sino con quién puede comunicarse y a través de quién puede actuar. El riesgo en este caso no radica en el lugar donde se encuentra el imputado, sino en la posibilidad de comunicarse y de actuar a través de otros tal como lo hizo durante el despliegue de las conductas que fueron objeto de investigación y de reproche penal en la audiencia de formulación de imputación.» La fiscalía insiste en que esta advertencia fue hecha desde la solicitud inicial de la medida.

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Posición del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

El apoderado del AMVA, en su rol de víctima, respaldó la apelación de la Fiscalía y también pidió que Miguel Quintero fuera recluido en un centro penitenciario. Adicionalmente, el representante del AMVA solicitó la aplicación de medida de cárcel para Sebastián de Dios Ortega Urán, a quien el juez había impuesto medidas no privativas de la libertad.

El AMVA sustentó su solicitud señalando la existencia de:

Presiones ejercidas sobre los testigos Cadavid y Laura Mejía.
Una campaña de desprestigio dirigida contra estos testigos.
La descarga de la carpeta del caso antes de la audiencia.

Por su parte, el Ministerio Público aclaró que no solicitó medida de aseguramiento, aunque consideró que el juez no valoró adecuadamente ciertos elementos probatorios presentados.

Argumentos de las defensas

La defensa de Miguel Quintero, liderada por Santiago Trespalacios, solicitó que se mantuviera la detención domiciliaria. Trespalacios argumentó que no había apelado la decisión inicial del juez porque la domiciliaria era una de las soluciones subsidiarias que su parte había propuesto. Afirmó que la Fiscalía confunde la imposición de una detención domiciliaria con la sustitución de una condena de cárcel ya decretada.

La defensa de Quintero también manifestó que: «Ante la defensa haber demostrado, inequívocamente creo, que estamos ante un sujeto públicamente enemistado con la administración distrital, públicamente enemistado con las autoridades locales que administran el AMVA y públicamente enemistado con el señor presidente de la República, pues lo apenas lógico es inferir que no existe ya ese poder simbólico u abstracto que de un parentesco se derivaba.»

En cuanto a Sebastián de Dios Ortega Urán, su defensa, a cargo de Billy Torres, pidió la confirmación de las medidas impuestas, argumentando que el juez aplicó correctamente el test de proporcionalidad.

Trámite judicial y segunda instancia

El juez concluyó que los tres recurrentes, es decir, la Fiscalía, el AMVA y las defensas, sustentaron sus apelaciones de manera adecuada y las concedió en el efecto devolutivo. Esto implica que las apelaciones serán distribuidas entre los jueces penales del circuito de Medellín, quienes serán los encargados de estudiar los argumentos presentados y tomar una decisión en segunda instancia sobre las medidas impuestas a Miguel Quintero Calle y Sebastián de Dios Ortega Urán.