Fiscalía incauta bienes millonarios a red de tráfico de migrantes en Urabá

La Fiscalía General de la Nación, en una operación conjunta con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, ha asestado un golpe significativo a una presunta organización dedicada al tráfico transnacional de migrantes. La acción judicial resultó en la ocupación de 47 bienes con fines de extinción de dominio, cuyo valor preliminar supera los 29.106 millones de pesos colombianos.

Las medidas cautelares aplicadas incluyen embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión, afectando a propiedades que, según la investigación, eran utilizadas para facilitar el transporte clandestino de personas desde las costas del Golfo de Urabá hacia países de Centroamérica, con destino final en Norteamérica.

Detalles de la operación y bienes intervenidos

La intervención de la Fiscalía se concentró en la incautación de un diverso portafolio de activos. Entre los bienes ocupados se encuentran:

8 inmuebles
3 sociedades
4 establecimientos de comercio
8 vehículos
24 embarcaciones

Estos activos habrían sido piezas clave en la logística de la organización para el traslado ilícito de migrantes a través de rutas marítimas. La hipótesis de la Fiscalía sugiere que una parte considerable de estas propiedades también fue utilizada para el ocultamiento y la administración de los recursos financieros generados por esta actividad delictiva.

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Ruta migratoria y perfil de los afectados

La investigación apunta a que la estructura criminal habría articulado el tránsito irregular de al menos 800.000 personas. Estos migrantes, provenientes de diversas nacionalidades, incluyendo Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China, utilizaban el Golfo de Urabá como un punto estratégico de tránsito en su anhelado viaje hacia Estados Unidos y Canadá. Este patrón subraya la creciente complejidad y alcance global de las redes de tráfico de personas que operan en la región.

Contexto regional: El Golfo de Urabá como corredor migratorio

La zona del Golfo de Urabá, que abarca municipios en Antioquia como Apartadó y Necoclí, así como Unguía y Quibdó en Chocó, se ha consolidado históricamente como un punto neurálgico para los flujos migratorios irregulares en Suramérica. Su geografía, que combina una extensa línea costera con la cercanía a la peligrosa selva del Darién, la convierte en un paso obligado para miles de personas que buscan llegar al norte del continente.

Desde hace años, esta región ha sido testigo de la conformación y consolidación de redes criminales dedicadas al tráfico de migrantes, aprovechando las vulnerabilidades de estas poblaciones y la compleja dinámica de control territorial en la zona. La intercepción de grandes volúmenes de migrantes, particularmente de origen extracontinental y haitiano-venezolano, ha impulsado un mercado ilícito multimillonario, donde embarcaciones y bienes inmuebles son elementos esenciales para la operación.

La presencia de grupos armados ilegales en los departamentos de Antioquia y Chocó, donde se ejecutaron los operativos, agrava la situación. Aunque la información no especifica la afiliación de la organización desarticulada, la experiencia demuestra que estas redes de tráfico de personas a menudo operan en connivencia, o bajo el control, de actores armados que imponen peajes o brindan protección a cambio de parte de las ganancias, exacerbando la violencia y la indefensión de los migrantes.

Proceso judicial y futuro de los bienes

Las diligencias de ocupación fueron ordenadas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Los operativos se llevaron a cabo en los municipios de Medellín, Apartadó y Necoclí en Antioquia, así como en Unguía y Quibdó en Chocó. Una vez aplicada la medida cautelar, los 47 bienes incautados quedan bajo la administración del Estado, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO), mientras avanza el proceso judicial de extinción de dominio. Este proceso busca despojar legalmente a los presuntos criminales de los activos adquiridos con dinero ilícito, transfiriéndolos definitivamente al patrimonio estatal para ser utilizados en programas de inversión social o fortalecimiento de la justicia.