Fiscalía imputará a exfuncionarios de Nueva EPS por muerte de Kevin Acosta

La Fiscalía General de la Nación ha programado para el próximo 24 de agosto una audiencia crucial en Bogotá, donde imputará cargos por homicidio culposo a cuatro exfuncionarios de la Nueva EPS. Esta acción judicial se deriva de la trágica muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años que padecía hemofilia A severa y que falleció en febrero de 2026 tras no recibir oportunamente el medicamento Emicizumab, vital para su tratamiento.

Este caso ha puesto de manifiesto graves deficiencias en la prestación de servicios de salud en Colombia, especialmente en el contexto de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y su capacidad para garantizar la continuidad de tratamientos complejos y costosos. La imputación subraya la responsabilidad individual en casos de negligencia que tienen consecuencias fatales.

Detalles de la Imputación por Homicidio Culposo

La figura legal de homicidio culposo implica que la muerte de Kevin Acosta no fue intencional, sino resultado de un descuido, negligencia o la omisión de un deber legal. La investigación de la Fiscalía apunta directamente a fallas en la cadena de atención médica y en la responsabilidad de quienes debían asegurar el suministro del fármaco.

Los señalados para la imputación son:

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Una médica que atendió a Kevin el 27 de enero de 2026, acusada de no haber ordenado la aplicación inmediata del Emicizumab, contraviniendo los protocolos establecidos.
Luis Óscar Galves Mateus, entonces agente interventor de la Nueva EPS, a quien se le atribuye la responsabilidad de designar al auditor de concurrencia y asegurar la vigilancia del tratamiento.
Nelson Ramírez Plaza, exauditor de concurrencia y gerente regional, cuyo rol era vigilar y garantizar que el paciente recibiera su medicamento.
Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias, funcionarias encargadas del seguimiento directo al paciente.

La Fiscalía argumenta que hubo omisiones significativas en cada uno de estos niveles, creando un ambiente de desprotección que derivó en el deceso del menor. La audiencia se llevará a cabo en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá.

La Tragedia de Kevin Acosta: Una Falla del Sistema

Kevin Arley Acosta Pico residía en Palestina, un municipio agrícola del Huila. Su condición de hemofilia A severa lo hacía dependiente del Emicizumab, un medicamento profiláctico que debía administrarse cada 28 días. El costo mensual de este tratamiento, que oscilaba entre 36 y 40 millones de pesos, era inalcanzable para su familia. La Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande del país y en su momento intervenida por el Gobierno debido a problemas financieros y deficiencias en la prestación del servicio, era la entidad responsable de cubrirlo.

El niño recibió su última dosis en diciembre de 2025. Sin embargo, en ese mismo mes, la Nueva EPS finalizó su convenio con el operador que suministraba el fármaco y lo reemplazó por otro que nunca llegó a proveerlo. Sin el medicamento, Kevin quedó vulnerable. Tras una caída en bicicleta y un golpe en la cabeza, fue hospitalizado de urgencia en el Huila. Solo después de denuncias públicas por parte de su familia, la EPS autorizó su traslado a Bogotá. Ingresó al Hospital La Misericordia sin respuesta neurológica y falleció el 13 de febrero de 2026. La Procuraduría General de la Nación ya había concluido que su muerte se debió a negligencia de la Nueva EPS.

Contexto del Sistema de Salud Colombiano y la Nueva EPS

El caso de Kevin Acosta se inscribe en un periodo de alta tensión y debate sobre el futuro del sistema de salud en Colombia. La Nueva EPS, siendo una de las entidades más grandes, ha estado bajo el escrutinio público y gubernamental. Su intervención por parte del Estado, debido a problemas financieros y operacionales, generó una capa adicional de complejidad y preocupación sobre la continuidad y calidad de los servicios para millones de afiliados. Este escenario ha sido un telón de fondo constante en las discusiones sobre la reforma a la salud propuesta por el gobierno, evidenciando las grietas estructurales y las consecuencias humanas de las deficiencias administrativas y financieras dentro del sector. La situación pone de relieve la imperiosa necesidad de un sistema robusto que priorice la vida y la salud de sus usuarios, más allá de consideraciones burocráticas o económicas.

Solicitud de Investigación contra el Expresidente Gustavo Petro

En un giro adicional dentro del mismo proceso, la Fiscalía ha compulsado copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue al expresidente Gustavo Petro. Dado el fuero constitucional que protege a los presidentes y expresidentes, esta comisión es la única entidad facultada para llevar a cabo dicha indagación, impidiendo la acción directa de la Fiscalía.

La solicitud de investigación se fundamenta en dos posibles delitos:

Violación de datos personales agravada: Por la divulgación de la historia clínica del menor por parte del entonces presidente en un evento público en febrero de 2026.
Homicidio culposo bajo la figura de posición de garante: Se refiere al deber legal de proteger a alguien, y se vincula con la designación del agente interventor de la Nueva EPS. La Fiscalía sugiere que, como garante del sistema, el entonces mandatario pudo haber incurrido en una omisión con consecuencias fatales.

Es importante señalar que, por el momento, estas son solicitudes formales para iniciar una investigación y no representan una imputación ni una condena contra el expresidente. El desarrollo de este proceso judicial será determinante para establecer responsabilidades y sentar precedentes en la atención médica de pacientes con enfermedades de alto costo en Colombia.