Fiscalía imputa a Miguel Quintero por corrupción en el AMVA

La Fiscalía General de la Nación formalizó la imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle. La diligencia judicial se llevó a cabo tras varios aplazamientos y busca esclarecer su presunta participación en un esquema de corrupción que habría desviado más de 2.400 millones de pesos de contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) entre 2020 y 2023.

Miguel Quintero es investigado por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Según el ente acusador, a pesar de no ostentar ningún cargo oficial en la administración distrital ni en el AMVA, habría influenciado de manera irregular la adjudicación de millonarios contratos.

El esquema de corrupción bajo investigación

La tesis de la Fiscalía apunta a un entramado de corrupción gestado en el AMVA durante la administración de Daniel Quintero. Miguel Quintero habría liderado este esquema, direccionando contratos específicos hacia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La mecánica implicaba, presuntamente, una retribución ilícita del 15% del valor total de los contratos, inicialmente planteada en un 20%.

Actores clave y modus operandi

Para la ejecución del presunto plan, Miguel Quintero se habría valido de la complicidad de funcionarios del AMVA. La Fiscalía ha identificado a Juan David Palacio, entonces director del Área Metropolitana; Álvaro Alonso Villada García, subdirector administrativo y financiero; y Vanessa Álvarez Restrepo, una contratista de la Subdirección Ambiental. También figura Misael Alberto Cadavid, jefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

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Los hechos investigados se remontan a junio de 2020, cuando, de acuerdo con la Fiscalía, Quintero se habría reunido con Cadavid y Villada en las instalaciones del AMVA en Medellín. El objetivo de este encuentro era, supuestamente, negociar el direccionamiento de seis contratos destinados a la entrega de kits de bioseguridad durante la pandemia de COVID-19, valorados en 17.656 millones de pesos. Estos contratos habrían sido entregados a dedo por indicación del hermano del exalcalde.

La funcionaria de la Fiscalía durante la imputación señaló:

«Existía un acuerdo destinado a obtener una contraprestación económica ilícita del 15% del valor total de los contratos, como requisito para que fuesen adjudicados al Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Utilizaron la estructura administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para lograr este resultado.»

Chats de WhatsApp y la ruta del dinero

Un elemento probatorio clave en la investigación son los chats de WhatsApp de un grupo denominado inicialmente «Alternativos» y luego «Amigos». La Fiscalía sostiene que estas conversaciones revelan el rol de liderazgo de Miguel Quintero en la impartición de órdenes dentro del esquema de corrupción.

Respecto a la distribución de las coimas, la Fiscalía indica que del 15%, Miguel Quintero se habría apropiado del 10%, mientras que el exsubdirector Álvaro Alonso Villada García habría recibido el 5%. Los pagos, según las pesquisas, se habrían realizado en efectivo, utilizando una compleja operación para extraer el dinero:

Los montos equivalentes al 15% de los contratos se extraían en efectivo mediante cheques girados por cifras cerradas, en su mayoría de 50 millones de pesos.
Estos cheques estaban a nombre de varias personas, entre ellas Germán Osorio, conductor y logístico del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, quien presuntamente cobraba el dinero.
El efectivo era entregado a Juan Alberto Cardona Henao, tesorero del Cuerpo de Bomberos (ya imputado), o directamente a Misael Cadavid.

De esta forma, se habrían desviado 2.481 millones de pesos entre 2020 y 2023. Las apropiaciones individuales estimadas por la Fiscalía son:

Miguel Quintero: 1.387 millones de pesos.
Juan David Palacio: aproximadamente 600 millones de pesos.
Sebastián Ortega (hijo de una política de Bello): 600 millones de pesos.

Contexto político y judicial en Antioquia

Este caso se inscribe en un contexto de escrutinio judicial creciente sobre administraciones locales y regionales en Colombia, y particularmente en el departamento de Antioquia, que ha estado bajo el foco por diversas investigaciones de corrupción. La imputación contra Miguel Quintero Calle no solo afecta su situación personal, sino que también arroja sombras sobre la gestión del exalcalde Daniel Quintero Calle, cuya administración fue objeto de múltiples señalamientos por presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de recursos públicos.

La Fiscalía ha intensificado sus acciones para combatir la corrupción en el país, buscando desarticular redes que, al parecer, se aprovechan de la infraestructura estatal para beneficio personal. Estos procesos judiciales son cruciales para la confianza ciudadana en las instituciones y para la transparencia de la gestión pública, especialmente en un periodo posterior a la pandemia donde la contratación de emergencia abrió oportunidades para posibles desvíos de fondos.

La audiencia de imputación, que fue suspendida tras la lectura de cargos, se reanudará en una fecha próxima para determinar si los implicados aceptan o no los delitos que se les imputan, marcando un paso crucial en este proceso judicial.