Bogotá, Colombia – La investigación sobre el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, ha tomado un giro preocupante. Documentos y expedientes judiciales revelan que, tan solo 46 días después del atentado, la Fiscalía General de la Nación ya disponía de información crucial que señalaba una posible infiltración dentro del esquema de seguridad del político. Esta fuga de datos habría facilitado la operación criminal.
La declaración clave de alias “Churco”
La pista central de esta revelación proviene de la declaración judicial de Eduardo Jesús Moreno Medina, alias “Churco”, un joven venezolano que para ese entonces era menor de edad. Su testimonio, rendido el 23 y 24 de julio de 2025 en el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue explosivo y puso bajo la lupa el círculo de protección de Uribe Turbay.
“Churco” afirmó bajo juramento que Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi” o “El Costeño” (posteriormente condenado por su participación en el crimen), no dependía solo de seguimientos externos. Según el testigo, “Chipi” poseía información detallada de los movimientos del senador, la cual provenía de personas dentro de su entorno cercano. Esta información incluía la residencia de Miguel Uribe, las características de su vehículo (un Toyota TXL blanco y gris) y sus rutas habituales.
El dato más sensible de la declaración fue la afirmación de “Churco” de que “Chipi” sostenía tener a varios escoltas “de su parte”. Uno de estos supuestos contactos aparecía guardado en el teléfono del cabecilla como “Escolta del senador” o “Escolta senador”. “Churco” relató haber presenciado una llamada por WhatsApp a este contacto a finales de mayo de 2025. La conversación fue breve: una voz masculina respondió “hay manifestaciones” y colgó, lo que el menor interpretó como una señal de que la organización recibía información en tiempo real sobre las actividades del senador.
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La supuesta colaboración no habría sido gratuita. “Churco” aseguró que se realizaban transferencias periódicas de dinero a cambio de estos reportes, coordinadas por Simeón Pérez Marroquín, alias “La Firma” o “El Viejo”, quien también fue condenado y señalado como un enlace financiero clave de la estructura criminal. Esta conexión con “El Viejo” ha sido un punto central en la investigación, especialmente por los rastreos de antenas de telefonía celular que sugieren reuniones con escoltas de Uribe.
La investigación también ha revelado la meticulosidad de los seguimientos. Un teléfono entregado por “Churco” contenía una fotografía de Miguel Uribe tomada el 29 de mayo de 2025 durante un evento público, evidenciando que los criminales poseían material gráfico del senador días antes del atentado. Además, el análisis de tráfico de datos y antenas telefónicas reconstruyó los movimientos del teléfono de “El Viejo” el 30 de marzo de 2025, coincidiendo con una actividad política del senador en Bosa, suroccidente de Bogotá, lo que demuestra una labor de inteligencia exhaustiva previa al crimen.
Contexto del Suroccidente de Bogotá y la criminalidad urbana
El suroccidente de Bogotá, donde se registraron parte de estos seguimientos, es una zona de la capital caracterizada por su diversidad socioeconómica y una compleja dinámica de seguridad. Sectores como Bosa, históricamente, han sido susceptibles a la influencia de bandas delincuenciales urbanas que operan en los márgenes de la ley. La capacidad de estas organizaciones para establecer redes de inteligencia y logística, incluso con la subcontratación de sicarios, es un reflejo de la fragmentación del crimen organizado en la ciudad. Este entramado urbano ha sido un caldo de cultivo para alianzas entre grupos locales y estructuras criminales de mayor alcance, como las disidencias de las Farc, que buscarían capitalizar estas redes para sus propios fines, como ha sido la hipótesis en este caso.
Planes fallidos y la cadena de mando
La declaración de “Churco” también arrojó luz sobre la planificación de ataques alternativos. La organización conocía la existencia de un «camino» o «pasillo estrecho» cerca de la vivienda del senador, que este solía usar a pie. Este punto habría sido considerado para un ataque si los eventos públicos no ofrecían una oportunidad. Esta hipótesis sugiere que la infiltración no solo proporcionaba la ubicación de la víctima, sino también información sobre las vulnerabilidades de su esquema de seguridad.
Cuatro días antes del atentado definitivo, el 3 de junio, la estructura intentó usar un artefacto explosivo improvisado contra la camioneta de Uribe. Katherine Andrea Martínez, alias “Gabriela” o “Andrea” (también condenada), transportó el artefacto, pero la oportunidad no se concretó. El plan abortado evidenció la necesidad de información precisa sobre los movimientos del senador, lo que refuerza la relevancia del supuesto “Escolta del senador”.
La investigación del expediente describe a la estructura criminal como “Plata o Plomo” o “Amantes del Billete”, vinculada con remanentes de antiguas bandas del Bronx de Bogotá. La Fiscalía sostiene que el magnicidio no fue un acto aislado, sino una operación de alto impacto ordenada por la cúpula de la Segunda Marquetalia, liderada por Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, y coordinada por José Manuel Sierra Sabogal, alias “Zarco Aldinever”. La conexión se habría dado a través de Géner García Molina, alias “Jhon 40”, y Kendry Téllez, alias “Yako”, quien activó los contactos con bandas urbanas en Bogotá a través de “El Viejo”.
La fuga de «Churco» y el intento de encubrimiento
La importancia del testimonio de “Churco” era tal que, tras su primera declaración, la organización criminal intentó eliminarlo. Según interceptaciones, alias “Chipi” y William Fernando González Cruz, alias “El Hermano” (también condenado), planearon trasladarlo a Caquetá para asesinarlo, una práctica conocida como “sacar la basura”. Sin embargo, “Churco” logró evadirse de la custodia policial el 25 de julio de 2025, dos días después de su declaración, y siguió en contacto con integrantes de la organización, añadiendo capas de complejidad al caso. La pregunta sobre la profundidad de la infiltración y el alcance de la colaboración dentro del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay sigue siendo un eje central de las pesquisas.
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