En marzo de 2024, la entonces magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana Velásquez, elaboró un proyecto de fallo que proponía el archivo del proceso penal contra el exsenador Arturo Char Chaljub. Dicha ponencia, hasta ahora inédita, argumentaba que no se había logrado el estándar probatorio suficiente para acusar al excongresista, sugiriendo la preclusión de la investigación por duda razonable.

Sin embargo, en diciembre de 2025, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con una postura mayoritaria distinta, decidió acusar a Arturo Char. Esta decisión fue tomada en contravía de la propuesta inicial de Lombana y se fundamentó en «abundantes evidencias» de presunta corrupción electoral, en el marco de la investigación conocida como el caso de la Casa Blanca en Barranquilla.

Diferencias en la evaluación probatoria

La postura de la exmagistrada Lombana y la de la mayoría de sus colegas en la Sala de Instrucción presentaron diferencias significativas. Mientras Lombana sostuvo la fragilidad de las pruebas, los magistrados Francisco Farfán, Marco Antonio Rueda, César Reyes y Misael Rodríguez encontraron y documentaron múltiples evidencias sobre la supuesta participación de Arturo Char Chaljub en una red criminal dedicada a la compra de votos en el Atlántico. Esta organización es la misma por la cual la excongresista Aída Merlano Rebolledo fue condenada previamente a cinco años de prisión.

Las conclusiones de Lombana contrastan directamente con las de la Sala respecto al testimonio clave de Aída Merlano. La exmagistrada calificó su testimonio como «contradictorio y falaz» tras analizar siete declaraciones. En cambio, la Sala le concedió credibilidad, a pesar de reconocer ciertas inconsistencias o retractaciones, las cuales atribuyeron a posibles amenazas. Específicamente, la versión de Merlano del 31 de mayo de 2019, que vinculaba a Arturo y Alejandro Char, así como a los empresarios Julio Gerlein y Faisal Cure en un esquema de compra de votos, fue considerada consistente por la mayoría de los magistrados.

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Lombana, por su parte, otorgó validez a una retractación de Merlano ocurrida en septiembre de 2019. La Corte consideró que esta retractación pudo ser consecuencia de «supuestas amenazas y presiones» que Merlano declaró haber sufrido desde la cárcel. Posteriormente, tras su fuga de un consultorio odontológico en Bogotá y su posterior recaptura, Merlano afirmó que su escape fue orquestado por los Char y Julio Gerlein.

La Sala de Instrucción, al evaluar las diversas versiones de Merlano, señaló que «se ha considerado el problema de personalidad que ésta presenta (Merlano), así como la ambigüedad y carácter fantasioso que registra en algunos apartes de su exposición (…) y solo se le ha asignado mérito probatorio respecto a aquellos hechos y situaciones fácticas que encuentran respaldo en otros medios probatorios». Esto indica que la Sala corroboró los dichos de Merlano con otras pruebas, una metodología diferente a la aplicada en la ponencia de Lombana, que descartó el testimonio por sus contradicciones.

Cronología del proceso y la ponencia

  • Marzo de 2018: Origen del expediente tras allanamiento de la Fiscalía a la sede política de Aída Merlano en Barranquilla (Casa Blanca).
  • Septiembre de 2023: Arturo Char es detenido por orden de la Corte.
  • Noviembre de 2023: El caso Char pasa al despacho de Cristina Lombana, luego de que el magistrado Francisco Farfán se apartara temporalmente.
  • Tres semanas después (diciembre de 2023): La magistrada Lombana acepta el traslado de Char de la cárcel La Picota a una guarnición militar en Santa Marta.
  • 8 de enero de 2024: Un juez de Santa Marta ordena la libertad de Arturo Char mediante un recurso de hábeas corpus.
  • Marzo de 2024: Cristina Lombana proyecta su ponencia para archivar el caso a favor de Char.
  • 11 de abril de 2024: El magistrado Francisco Farfán regresa a su despacho y retoma el caso. La ponencia de Lombana no fue discutida por la Sala.
  • 4 de diciembre de 2025: La Corte, con ponencia de Farfán, acusa a Arturo Char, concluyendo la existencia de pruebas suficientes para llamarlo a juicio.

El caso de la Casa Blanca se remonta a marzo de 2018, tras denuncias de una «sofisticada operación para alterar la voluntad popular» a través de una maquinaria de compra de votos. Las primeras confesiones de Aída Merlano involucraron en el entramado a Arturo Char, a su hermano Alejandro Char y al empresario Julio Gerlein. Arturo Char ejerció como presidente del Senado durante la legislatura de 2020-2021.

La designación de la exmagistrada Cristina Lombana como Secretaria de Transparencia de la Casa de Nariño, por parte del presidente Abelardo de la Espriella, añade una capa de relevancia a estas diferencias. Lombana asumirá este cargo en los próximos días, lo que significa que la futura encargada de la transparencia no encontró la misma evidencia de posible corrupción que sí hallaron sus colegas en un caso que involucra a un «reconocido exsenador cuya casa política es aliada del jefe de Estado».

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