Sesenta y dos excombatientes de la organización Comandos de Frontera, que actualmente permanecen en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el Bajo Putumayo, han enviado una propuesta de asilo político a países garantes. Esta acción responde a la incertidumbre jurídica que enfrentan a solo siete días del cierre programado de la ZUT, fijado para este 30 de septiembre.

Rigoberto, conocido como el ‘Paisa’ y vocero de la ZUT, confirmó la decisión, subrayando que ninguno de los excombatientes firmes en el proceso ha considerado la posibilidad de someterse a la justicia, una opción planteada por el presidente Abelardo De La Espriella. Según Rigoberto, ellos no se consideran «traidores ni delatores».

Rechazo al Sometimiento y Reafirmación de Acuerdos

La postura de los excombatientes surge tras la orden del jefe de Estado de clausurar la ZUT. El vocero expresó que no buscan desafiar a nadie, sino que el Gobierno nacional respete los acuerdos ya pactados y les permita continuar en el proceso de paz. «Ninguno de los 62 que aún estamos comprometidos con la paz vamos a volver a las armas», afirmó Rigoberto.

Según el ‘Paisa’, los 62 excombatientes se encuentran con sus familias, y a pesar de la orden de desmantelar el proceso de negociación colectiva, rechazan cualquier tipo de sometimiento que el presidente de la República pretenda imponer. El vocero enfatizó que confiaron en que su participación era el mejor aporte para la pacificación del Putumayo. Sin embargo, considera que con la llegada del nuevo Gobierno, es el Estado colombiano el que está incumpliendo, lo que dificulta recuperar el principio de confianza y buena fe de quienes dejaron las armas.

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Impacto de la Extradición y Vía Jurídica

La inminente extradición de Andrés Rojas, comandante de Comandos de Frontera, no afectará la decisión de los excombatientes de permanecer en la ZUT. Rigoberto aseguró que Rojas, desde la cárcel La Picota, envió un mensaje contundente sobre la necesidad de que el proceso de negociación colectiva continúe.

El vocero también señaló la falta de presencia institucional. «Nos queda casi una semana y aquí estamos esperando que la Registraduría y la Fiscalía lleguen, pero no lo han hecho y no vamos a volver a las armas», dijo. Añadió que su lucha será por la vía jurídica para asegurar que el proceso se respete, «porque así está pactado».

Reconocimiento Político y Confianza en el Estado

Rigoberto manifestó que el Gobierno insiste en que los grupos ilegales que busquen la legalidad deben hacerlo a través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), bajo sometimiento a la justicia. Esta condición es inaceptable para ellos, ya que, según Rigoberto, elimina «cualquier tipo de reconocimiento político para la organización a la que habíamos pertenecido, como se había contemplado en las negociaciones de paz territorial en Nariño y Putumayo».

Finalmente, el vocero expresó su confianza en el Estado colombiano y solicitó al Gobierno nacional que, en la semana restante para el cierre de la ZUT, la Fiscalía acuda a la zona para analizar cada caso de los 62 excombatientes, de quienes afirmó que «ninguno ha cometido delitos de lesa humanidad».

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