Escándalo en Tolima: Capturados por incendio señalan a vinculada con Cortolima

El departamento del Tolima, que recientemente ha enfrentado una emergencia ambiental con miles de hectáreas devastadas por incendios forestales, es ahora el escenario de un escándalo que apunta directamente a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). Dos hombres, Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, capturados el pasado 25 de agosto en la vereda Guacamayas, municipio de Dolores, bajo cargos de incendio y deforestación, han declarado que fueron contratados para realizar labores de quema en un predio que, según sus versiones, está relacionado con Rubiela González Ortiz, una persona vinculada a la entidad ambiental.

Esta revelación ha encendido las alarmas, pues González Ortiz hace parte de la planta de empleos de Cortolima, la misma institución que por mandato legal está encargada de la vigilancia y protección de los recursos naturales del departamento. La situación, que inicialmente se presentó como un acto de pirómanos, ha evolucionado hacia una compleja trama judicial y ética, planteando serias dudas sobre la integridad de la gestión ambiental en la región.

Cortolima Abre Investigaciones Internas y Externas

Ante la gravedad de las acusaciones, Cortolima ha reaccionado oficialmente. La corporación confirmó la vinculación de una de sus empleadas en los hechos y anunció el inicio de acciones rigurosas:

El caso fue remitido a la oficina de Control Interno Disciplinario para las investigaciones administrativas correspondientes.
La información también se puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que ya adelanta el proceso penal contra los capturados.
Mediante la Resolución 938 del 31 de agosto de 2026, la corporación abrió un proceso sancionatorio ambiental contra el predio involucrado.
Se impuso una medida preventiva tras una visita técnica que confirmó la intervención de cobertura vegetal, la tala, las quemas posteriores y la ausencia de permisos o autorizaciones de aprovechamiento forestal.

Cortolima ha manifestado su compromiso con la investigación, asegurando que se respetará el debido proceso para esclarecer todas las responsabilidades. Sin embargo, la credibilidad de la institución se encuentra bajo un escrutinio sin precedentes, especialmente en un momento crítico para el ecosistema tolimense.

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La Magnitud del Incendio: Una Cuestión Crucial en Disputa

Uno de los puntos de mayor controversia en este caso es la extensión del área afectada por las quemas. Mientras que la Fiscalía sostiene que Morales Herrera y Merjado Hurtado participaron en un incendio que afectó aproximadamente seis hectáreas, llevando a su imputación por incendio y deforestación, la defensa de los acusados ofrece una versión radicalmente distinta.

El abogado Edwin Trujillo ha señalado que, según información atribuida al comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dolores, el conato habría sido de aproximadamente 40 metros cuadrados. Esta diferencia abismal entre seis hectáreas y 40 metros cuadrados es fundamental para determinar la proporcionalidad de los cargos y la responsabilidad de los implicados. Los detenidos, por su parte, no aceptaron los cargos imputados, lo que profundiza la necesidad de una investigación exhaustiva que determine con precisión el alcance real del daño ambiental.

Prácticas Rurales y Antecedentes de Advertencia

La defensa de los campesinos ha argumentado que las quemas se enmarcan en una práctica rural conocida como roza y quema, utilizada para acondicionar terrenos agrícolas, y que fue realizada a solicitud de la propietaria del predio. No obstante, las autoridades han revelado que los mismos hombres ya habían sido requeridos el 24 de julio por actividades similares y habrían recibido una advertencia previa. Este antecedente complejiza el caso y deberá ser valorado dentro del proceso penal, pues podría indicar un patrón de conducta o un desconocimiento reiterado de la normativa ambiental.

La situación ha provocado reacciones políticas, con el representante Renzo García cuestionando el tratamiento judicial a los campesinos y sugiriendo la posibilidad de «falsos positivos ambientales». Este término, cargado de un historial sensible en Colombia, subraya la preocupación por la equidad en la aplicación de la justicia ambiental.

Contexto Regional: La Sombra de la Deforestación y el Cambio Climático

El Tolima, ubicado en el corazón geográfico de Colombia, es un departamento que abarca desde zonas cálidas del valle del Magdalena hasta páramos andinos. Su biodiversidad y ecosistemas estratégicos, como sus fuentes hídricas y áreas forestales, son vitales para el equilibrio ambiental del país. Sin embargo, en los últimos años, la región ha enfrentado una creciente presión por actividades como la deforestación ilegal, la expansión agrícola sin planificación y, de manera recurrente, los incendios forestales, a menudo exacerbados por fenómenos climáticos como El Niño. En 2023 y lo que va de 2024, Colombia ha experimentado una de las temporadas de sequía e incendios más severas, con el Tolima reportando más de 31.000 hectáreas de cobertura vegetal afectadas. Municipios como Ortega, Armero-Guayabal, San Luis, Guamo y Coyaima han sido epicentros de la devastación. En este contexto, cualquier indicio de que quienes deben proteger el medio ambiente estén implicados en su destrucción es particularmente corrosivo para la confianza pública y la efectividad de las políticas ambientales.

La capacidad de Cortolima para impartir justicia ambiental y sancionar a los infractores depende de su propia transparencia e imparcialidad. La corporación ha enfatizado que los hechos son «actuaciones a título personal» y no representan su trabajo institucional. Sin embargo, la ciudadanía espera una investigación que no solo identifique a los responsables directos de las quemas, sino que también desvele cualquier posible conflicto de interés o complicidad que pueda existir dentro de la entidad encargada de velar por el medio ambiente tolimense. Este incidente no solo pone a prueba la justicia, sino también la institucionalidad ambiental del país.