En sus primeros 90 días, Gobierno de Abelardo de la Espriella registra alerta por reclutamiento de menores y confinamiento

El balance de seguridad correspondiente a los primeros 90 días de la administración de Abelardo De La Espriella, lapso comprendido entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre de 2026, evidenció un alza en infracciones humanitarias como el reclutamiento forzado de menores, el confinamiento poblacional, el secuestro, la extorsión y los ataques directos contra la Fuerza Pública. La estadística oficial proviene del Ministerio de Defensa, entidad que cotejó estos datos frente a idéntico lapso del mandato de Gustavo Petro.

Deterioro humanitario y aumento en delitos contra la población

La incorporación forzada de niños, niñas y adolescentes experimentó una de las variaciones más críticas al escalar un 152 %, pasando de 52 a 131 expedientes. En el apartado de conductas terroristas que atentan contra la seguridad pública y los amparados por el Derecho Internacional Humanitario, el registro saltó de 84 a 339 eventos, lo cual equivale a un repunte del 304 %.

En el plano comunitario, el confinamiento de ciudadanos subió un 155 %, al pasar de 8.436 a 21.482 personas perjudicadas. Igualmente, las denuncias por control criminal se elevaron de cero a 34 casos. Pese a estos repuntes, otros indicadores humanitarios presentaron descensos:

El desplazamiento forzado (sumando modalidades individuales y masivas) decreció un 54 %, descendiendo de 23.065 a 10.622 personas.
Las intimidaciones y amenazas colectivas e individuales bajaron de 117 a 91 registros, una merma del 22 %.
Las pugnas directas entre estructuras ilegales se redujeron en un 44 %, pasando de 48 a 27 episodios.

Comportamiento de la violencia letal y bajas en la Fuerza Pública

Pese a que el total general de homicidios intencionales cayó un 4,6 % (de 3.303 a 3.151 hechos), las muertes violentas ligadas al conflicto mostraron marcadas alzas. La categoría rotulada como enfrentamiento crimen trepó un 466,7 % (de 15 a 85 casos), mientras que los asesinatos ejecutados por grupos armados organizados se elevaron un 315,3 %, pasando de 124 a 515 víctimas. Los homicidios derivados de choques entre los propios grupos armados organizados (GAO) subieron de 16 a 26, lo que representa un 62,5 % más.

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En cuanto a las tropas y el personal policial, las agresiones dejaron 38 uniformados muertos y 213 lesionados. Este consolidado integra a tres militares asesinados y 16 heridos tras un ataque con drones explosivos perpetrado contra las instalaciones militares de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Por instituciones, las cifras se distribuyen así:

Ejército Nacional: 21 efectivos muertos y 131 heridos.
Policía Nacional: 16 integrantes muertos y 78 heridos.
Armada: un uniformado muerto y cuatro heridos.

Balance operacional frente a estructuras ilegales

El impacto militar contra el ELN se elevó un 145 %, pasando de 120 a 294 afectaciones. Las aprehensiones de miembros de dicha guerrilla subieron de 99 a 238 (un 140 % más) y las muertes de sus integrantes en maniobras operacionales se incrementaron un 1.267 %, subiendo de tres a 41 bajas. Hacia los grupos armados organizados residuales las acciones subieron un 16 % (de 406 a 469). En sentido contrario, los golpes contra el Clan del Golfo cayeron un 55 %, bajando de 707 a 321 afectaciones. Globalmente, las presiones contra los GAO cayeron un 4 % al pasar de 1.233 a 1.187.

Resultados en economías ilícitas y delitos comunes

En la interdicción de narcóticos, los decomisos de clorhidrato de cocaína aumentaron un 34 %, de 146.406 a 196.559 kilogramos, apoyados por incautaciones internacionales que crecieron un 76 % (de 65.053 a 114.452 kilogramos). En el combate a la extracción ilícita de minerales, las intervenciones a yacimientos crecieron 221 % (de 531 a 1.700) y la maquinaria amarilla retenida subió de 77 a 223 unidades (190 % de incremento).

Sin embargo, otras líneas antidrogas descendieron:

La erradicación de cultivos ilícitos bajó un 66 % (de 13.696 a 4.591 hectáreas).
El desmantelamiento de laboratorios cayó un 27 % (de 1.519 a 1.105 infraestructuras).
Las incautaciones de pasta y base de cocaína descendieron un 23 % (de 22.890 a 17.619 kilogramos).
El decomiso de hoja de coca cayó un 34 % (de 223.534 a 147.541 kilogramos).

Por último, las conductas que atentan contra la libertad revelaron que el secuestro aumentó un 56 % (de 54 a 84 casos) y la extorsión creció un 5 % (de 2.437 a 2.571 denuncias). Como contraparte, la trata de personas descendió un 79 % (de 241 a 50 episodios). Los hurtos urbanos mostraron retrocesos significativos: a personas cayeron 46 % (de 103.329 a 56.030), a sedes comerciales decrecieron 54 % (de 11.900 a 5.501) y a residencias bajaron 45 % (de 9.801 a 5.343). Las masacres igualmente mermaron un 19 % en eventos (de 27 a 22) y un 29 % en víctimas fatales (de 101 a 72).