Empresario vinculado a Odebrecht busca contrato en Ecopetrol por USD 700 millones

Ecopetrol ha suspendido un proceso contractual valorado en USD 700 millones, destinado al mantenimiento y gestión de operaciones de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. La decisión surge tras múltiples alertas sobre un presunto direccionamiento en favor de uno de los consorcios participantes, que incluye a empresas vinculadas a un empresario mexicano con un historial polémico y menciones en el caso Odebrecht.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio ha revelado detalles que desataron la alarma en la petrolera estatal colombiana. El pasado martes, las preocupaciones sobre la transparencia de este proceso contractual fueron expuestas públicamente, lo que llevó a la anticipada suspensión.

Alertas tempranas y consorcios bajo escrutinio

El 5 de mayo, una de las empresas licitantes comunicó al vicepresidente de Refinación de Ecopetrol el rumor de un posible direccionamiento del negocio por parte del área de Abastecimiento de la petrolera. El señalado beneficiario sería un consorcio mexicano denominado Unión Temporal SIMPCO.

Este consorcio está integrado por tres compañías: Grupo Olram, Grupo Constructor Industrial Oil and Gas (GCI) y Procesos Especializados y Proyectos S. A. (Proesa). Las alarmas se encendieron particularmente por la participación de Proesa y GCI, ambas parte del conglomerado de Juan Carlos Tapia Vargas.

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Juan Carlos Tapia: Un emporio entre el éxito y las controversias

Juan Carlos Tapia Vargas, un empresario mexicano de 55 años, ha forjado un imperio en la construcción de plantas industriales, con fuerte presencia en el sector energético. Su trayectoria incluye importantes contratos con Pemex, la petrolera estatal mexicana, lo que podría haberle otorgado credenciales para aspirar al contrato con Ecopetrol, cuyo valor asciende a casi dos billones y medio de pesos colombianos.

Sin embargo, el historial de las compañías de Tapia presenta expedientes y sanciones que no han sido ampliamente difundidos en Colombia. Entre los casos más destacados se encuentra la inhabilitación de su firma Citapia por parte del Estado mexicano, debido a la presentación de «documentación falsa o alterada para lograr un beneficio» en un contrato de obra pública con una refinería de Pemex. Esta irregularidad derivó en una multa de 206 millones y medio de pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente 40.000 millones de pesos colombianos.

Sombras y vinculaciones con Odebrecht

Aunque el veto a Citapia fue levantado en 2022, varias investigaciones sugieren que Juan Carlos Tapia habría creado un entramado de nuevas razones sociales para eludir la sanción y continuar obteniendo contratos de Pemex. El empresario fue denunciado ante diversas instancias por el presunto uso de empresas fachada para participar en la construcción de la Refinería Olmeca en México.

Una de las firmas clave en este contexto es Proesa, que detenta el 40 por ciento de participación en la unión temporal que busca el contrato de Ecopetrol. Originalmente conocida como Mexicana de Recipientes a Presión, Proesa cambió su nombre en noviembre de 2020, en medio de las disputas judiciales por las sanciones impuestas a Citapia.

Adicionalmente, en 2019, Citapia logró evadir una acusación penal por robo de combustible. El expediente se abrió en 2017, tras el descubrimiento de una toma clandestina conectada a un poliducto de Pemex, cuya manguera conducía a un predio de la empresa de Tapia. Pemex desistió de la causa sin ofrecer explicaciones claras.

El nombre de Juan Carlos Tapia Vargas también resuena en el escándalo de Odebrecht. Según Luis Alberto de Meneses, exdrector de la constructora brasileña en México, su amigo Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y actualmente en prisión domiciliaria, le recomendó asociarse con Tapia para aprovechar sus contactos políticos. Citapia fue subcontratista de Odebrecht entre 2015 y 2017. Lozoya declaró a la justicia que Fabiola Tapia, hermana de Juan Carlos, fallecida en 2014, fue fundamental para el soborno de congresistas con dinero de la multinacional.

Contexto colombiano: Transparencia en la Contratación Pública

El caso de Ecopetrol y la suspensión de este millonario contrato resalta la constante tensión entre la necesidad de modernización de la infraestructura energética en Colombia y la exigencia de transparencia en la contratación pública. En un país donde los escándalos de corrupción en grandes proyectos han dejado cicatrices, desde proyectos de infraestructura vial hasta licitaciones de servicios, la supervisión de entidades como Ecopetrol, que manejan cuantiosas cifras del erario, es fundamental.

La Refinería de Cartagena (Reficar) y la de Barrancabermeja son pilares estratégicos para la autonomía energética del país. Sus procesos de mantenimiento y mejora no solo implican inversiones millonarias, sino que también son cruciales para la sostenibilidad de la industria petrolera nacional. La actual administración de Ecopetrol, bajo la égida del gobierno de Gustavo Petro, ha reiterado su compromiso con la probidad y la lucha contra la corrupción, lo que dota a esta suspensión de un significado particular, dado el antecedente de prácticas irregulares en procesos de contratación que han sacudido la confianza colectiva en el pasado reciente.

Ecopetrol confirma la suspensión y posible intervención externa

Ecopetrol, a través de su comunicado del martes, confirmó la suspensión del proceso contractual para el mantenimiento de sus refinerías. Además, la compañía no descartó la intervención de los órganos de control, abriendo la puerta a una investigación más profunda sobre las denuncias de irregularidades y el presunto favorecimiento. Esta medida se percibe como un paso importante hacia el saneamiento de procesos licitatorios que, por su magnitud y por los actores implicados, demandan la máxima rigurosidad y transparencia.