EE. UU. mantiene descertificación a Colombia por narco, pero amplía ayuda

Washington ha reafirmado la descertificación condicionada de Colombia en su lucha contra el narcotráfico, según un informe del Departamento de Estado, firmado por el presidente Donald Trump. A pesar de considerar que Colombia «ha fallado de manera demostrable en cumplir sus obligaciones de control de drogas», Estados Unidos mantendrá y ha anunciado una expansión de la asistencia provisional al país andino, argumentando que es «vital para los intereses de los Estados Unidos».

Esta decisión sitúa a Colombia en el mismo estatus que Afganistán, Bolivia y Birmania, países que también reciben apoyo provisional bajo la misma justificación. La novedad es el redireccionamiento de ayuda, inicialmente destinada a Europa, hacia naciones de la región, incluida Colombia, lo que prácticamente duplica la financiación militar inicial destinada a la nación sudamericana.

La visión de Washington: Petro y De la Espriella

El informe estadounidense atribuye directamente la calificación negativa de Colombia a lo que el presidente Trump denominó las «políticas fallidas socialistas» del gobierno anterior, liderado por Gustavo Petro. Según Trump, el país se mantuvo en la descertificación «debido a la incompetencia y el caos producido por el anterior gobierno de extrema izquierda durante la mayor parte del año pasado».

En contraste, el documento resalta la «valiente decisión del pueblo de Colombia» al elegir a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente. Trump expresó su confianza en que las políticas del nuevo gobierno, centradas en una «campaña agresiva contra el cultivo de coca y la producción de cocaína», permitirán que Colombia «vuelva a su lugar como nuestro aliado más seguro en el hemisferio». El presidente estadounidense concluyó que los militares, la policía, los investigadores y el sistema judicial colombiano «ahora finalmente tendrán a un campeón en el presidente De la Espriella».

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Estrategia antidrogas del nuevo gobierno colombiano

Desde su campaña, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha priorizado la seguridad como eje central de su política. Una vez en el poder, esta postura se ha reforzado con medidas contundentes:

Insistencia en retomar la aspersión aérea de cultivos ilícitos, una medida que genera debate por sus implicaciones ambientales y sociales.
Cierre de las mesas de diálogo de la «Paz Total», una política del gobierno anterior que buscaba negociaciones con diversos grupos armados.
Incremento de las extradiciones, con un registro de 73 individuos enviados a Estados Unidos.
Despliegue de operativos contra cabecillas de organizaciones criminales, como el caso de alias “Bendito Menor”.

Paralelamente, Colombia se ha integrado al «Escudo de las Américas», una iniciativa que agrupa a países de la región para operaciones conjuntas con Estados Unidos en la lucha contra el «narcoterrorismo».

Desafíos y críticas a la erradicación

A pesar de la retórica y las acciones del nuevo gobierno, la erradicación de cultivos ilícitos enfrenta obstáculos. Un plan piloto de erradicación en el Bajo Putumayo, que abarcaría mil hectáreas, se encuentra paralizado por una decisión judicial. Además, persisten dudas significativas entre pobladores, políticos y académicos sobre la efectividad real de la aspersión aérea y sus posibles repercusiones en la seguridad y el medio ambiente de la región.

Contexto geopolítico y socioeconómico en Colombia

La relación entre Estados Unidos y Colombia, marcada por la cooperación antidrogas, se enmarca en una compleja realidad histórica y socioeconómica. Colombia ha sido, desde finales del siglo XX, uno de los principales productores de cocaína a nivel mundial, lo que ha generado una dependencia estratégica de la asistencia estadounidense en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. La descertificación, aunque recurrente, suele ir acompañada de la «cláusula de interés vital» que garantiza la continuidad de la ayuda, reflejando la importancia geopolítica de Colombia en la estrategia regional de Washington. El Valle del Cauca, la región Pacífica y el sur del país, incluyendo áreas como Popayán, han sido históricamente puntos neurálgicos para la producción y el tráfico de drogas, así como zonas de fuerte presencia de grupos armados ilegales. La dinámica de confrontación o negociación con estos actores, así como las políticas de sustitución de cultivos, impactan directamente la efectividad de las estrategias antidrogas y la percepción de Estados Unidos sobre el compromiso colombiano. La llegada del gobierno de De la Espriella, con un discurso de «mano dura», representa un giro en la política interna colombiana, alineándose más con las expectativas de Washington en contraste con las aproximaciones del gobierno anterior, que buscaba un enfoque más social y de diálogo en la «Paz Total».