La multinacional Drummond Energy se prepara para reactivar sus proyectos de perforación en yacimientos no convencionales, conocidos como ‘fracking’, en Colombia a partir de 2027. Esta decisión surge en un contexto de cambio en la política energética del país, marcada por el reciente giro del gobierno de Abelardo De la Espriella, quien ha manifestado su intención de autorizar esta técnica bajo «los más altos estándares» de responsabilidad y sostenibilidad.
Este anuncio contrasta significativamente con la postura del gobierno anterior de Gustavo Petro, que impulsó activamente en el Congreso la prohibición del fracking y la explotación de yacimientos no convencionales. La apertura del nuevo ejecutivo representa una ventana para compañías como Drummond, que poseen contratos previamente firmados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
César Ranchería: epicentro de la reactivación
Los planes de Drummond se centran en el área de César Ranchería, donde la compañía ya cuenta con cuatro contratos de asociación con la ANH: CR2, CR3, CR4 y La Loma. Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), ha señalado que la empresa podría iniciar la perforación de sus primeros pozos en esta zona en aproximadamente un año, si las condiciones lo permiten.
La estrategia inicial contempla una campaña de entre 10 y 12 pozos. El objetivo principal de esta fase exploratoria es determinar aspectos críticos como el espaciamiento óptimo entre perforaciones, la longitud efectiva de las fracturas y la productividad real de las formaciones geológicas. Los resultados obtenidos serán fundamentales para establecer la viabilidad comercial y la escala potencial de la explotación de los recursos identificados.
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- CR2 y CR3: Suscritos en 2016, estos contratos se encuentran en fase de exploración, aunque su ejecución ha estado suspendida.
- CR4: Firmado en 2023, este contrato actualmente se encuentra en su fase cero, lo que implica que las actividades preliminares están en curso.
- La Loma: También forma parte de los acuerdos vigentes en la región de César Ranchería.
El eventual inicio de las perforaciones está supeditado a que se cumplan las condiciones técnicas, ambientales, regulatorias y de seguridad requeridas. La aprobación de licencias ambientales será un paso crucial, especialmente tras decisiones judiciales previas que, en 2022, permitieron la vía libre a varios proyectos de fracking sin necesidad de pilotos previos, sustentando la licitud de la práctica en la Constitución y la legislación vigente sobre recursos naturales no renovables.
Impacto y desafíos para las reservas nacionales
Desde Campetrol, se argumenta que el desarrollo de los yacimientos no convencionales es una pieza clave para contrarrestar la disminución de las reservas nacionales de petróleo y gas, garantizando la autosuficiencia energética a mediano y largo plazo. Las «decisiones de hoy no son para producir en seis meses los grandes volúmenes que necesitamos», explicó Castañeda, enfatizando que las acciones actuales buscan «apuntalar el cierre de las importaciones de 2030 y 2031».
No obstante, el sector también advierte que los resultados en términos de producción no serán inmediatos. La naturaleza de estos proyectos implica que las decisiones tomadas ahora tardarán varios años en traducirse en volúmenes significativos de hidrocarburos. La perforación prevista por Drummond en 2027, por ejemplo, marcaría el comienzo de una etapa exploratoria y de evaluación que precedería cualquier desarrollo a gran escala.
Contexto político y socioeconómico en Colombia
La reactivación del debate y la potencial implementación del fracking en Colombia no es un asunto trivial. El país, históricamente dependiente de la renta petrolera para gran parte de sus ingresos fiscales y para financiar su gasto social, enfrenta una encrucijada energética. La transición hacia fuentes más limpias es una meta compartida, pero el ritmo y las herramientas para alcanzarla generan profundas divisiones. El cambio de postura del gobierno de Abelardo De la Espriella refleja una priorización de la seguridad energética y la estabilidad económica en el corto y mediano plazo, buscando evitar un déficit de hidrocarburos que obligaría al país a importar gas y petróleo, con las consecuentes implicaciones fiscales y cambiarias. Este enfoque choca con la visión de un decrecimiento gradual de la industria extractiva promovida por sectores ambientalistas y que había sido bandera del gobierno anterior. La región de César Ranchería, ubicada en el noreste del país, es un área con antecedentes de explotación minero-energética, y cualquier desarrollo de fracking allí, aunque prometa empleo y dinamismo económico, deberá sortear los desafíos ambientales y las preocupaciones comunitarias que han acompañado a esta técnica a nivel global.
Junto con Drummond, otras compañías como la estadounidense ConocoPhillips (con contratos VMM-2 y VMM-3) y la canadiense Parex Resources (con VMM-9) también poseen acuerdos para la exploración de yacimientos no convencionales, principalmente en el Valle Medio del Magdalena. Estos contratos, algunos firmados entre 2013 y 2016, también esperan las condiciones propicias para avanzar, consolidando un panorama de potencial expansión del fracking en diversas regiones colombianas.
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