El impacto de artefactos detonados desde aeronaves no tripuladas sobre el Cantón Militar localizado en Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, causó el fallecimiento de tres uniformados, heridas de gravedad a 16 más y afectaciones a otros 31 efectivos. La acción bélica, atribuida formalmente a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), expone las trabas institucionales para repeler tácticas aéreas irregulares en el territorio nacional.
De acuerdo con registros de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hasta el 2 de noviembre de 2026 se contabilizaron 351 hostigamientos ejecutados mediante este mecanismo, lo que arroja un promedio de una arremetida cada 21 horas en el transcurso del año.
Impacto letal en las filas institucionales
Las cifras de afectación humana dentro de los organismos de seguridad registran un incremento reciente. Estadísticas aportadas por la Policía Nacional a El País indican que:
- Desde agosto de 2026, fecha de inicio del mandato de Abelardo De la Espriella, han muerto por lo menos 12 integrantes de la Fuerza Pública en incidentes con aparatos pilotados a distancia.
- En los siete meses previos a dicha administración, la cantidad de víctimas mortales uniformadas por idéntica causa ascendió a ocho.
A pesar de que el jefe de Estado manifestó un enérgico rechazo frente a los hechos ocurridos en la instalación castrense de Bolívar, la administración gubernamental todavía no concreta contrataciones de infraestructura de interceptación tecnológica.
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La estrategia denominada Escudo Nacional Antidrones, presentada públicamente en enero de 2026 con una partida presupuestal superior a seis billones de pesos, continúa pendiente de adjudicación formal. Asimismo, desde el 7 de agosto de 2026 no constan asignaciones de compra finalizadas para mitigar esta clase de amenazas aéreas.
En el terreno operativo, las organizaciones armadas han diversificado sus instrumentos mediante drones kamikaze y dispositivos controlados por fibra óptica, variantes que evaden la efectividad de los bloqueadores de señal de uso corriente. Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, notificó el 4 de octubre la futura articulación de herramientas destinadas al resguardo del espacio aéreo, aunque omitió calendarios definidos para su implementación.
Postura del Ejecutivo y señalamientos al mandato anterior
El mandatario Abelardo De la Espriella expuso que la confrontación armada dio un giro hacia los vehículos aéreos teleirigidos, esquema que definió como un método bélico empleado por el narcoterrorismo. Tras ordenar medidas de resguardo dirigidas a medios de comunicación ante eventuales riesgos, el gobernante cuestionó la gestión de Gustavo Petro.
Puntualmente, el mandatario sostuvo: «Durante cuatro años, el gobierno anterior miró hacia otro lado y dejó desprotegidos a nuestros soldados y policías, sin las capacidades necesarias para enfrentar esta nueva modalidad de guerra utilizada por el narcoterrorismo».
Frente a este escenario, la Presidencia comunicó el análisis de dos líneas de acción técnica: el equipamiento con aparatos defensivos para resguardar a las tropas y la obtención o desarrollo de flotas no tripuladas de carácter ofensivo para intervenciones directas de la Fuerza Pública.
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