Disparada preocupante: Incidentes de desacato contra EPS aumentan 600% en Medellín

Medellín, la capital antioqueña, se enfrenta a una preocupante escalada en la vulneración del derecho fundamental a la salud. Un informe reciente de la Personería Distrital ha revelado que los incidentes de desacato contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han experimentado un aumento del 600% en 2025 en comparación con el año anterior. Esta cifra no solo evidencia la creciente desobediencia de las EPS a las órdenes judiciales, sino que subraya la fragilidad del sistema de salud en una de las regiones más pobladas de Colombia.

Crisis del derecho a la salud: Un año de cifras alarmantes

El personero Mefi Boset Rave expresó su inquietud ante la situación, destacando que el aumento de las acciones de tutela y, especialmente, de los incidentes de desacato, son un claro indicador de la inoperancia de las EPS para garantizar el acceso a servicios médicos esenciales. Durante el año 2025, la Personería de Medellín gestionó 19.475 casos relacionados con la salud. De estos, 10.236 correspondieron a tutelas, el mecanismo legal por excelencia para la protección de derechos fundamentales.

Lo más alarmante, sin embargo, es el dato de los 3.422 incidentes de desacato registrados. Como explicó Rave, un incidente de desacato se inicia cuando una EPS incumple una orden judicial que ya ha sido emitida tras una acción de tutela. Es decir, no solo se están negando servicios inicialmente, sino que se están ignorando decisiones de jueces, lo que retrasa aún más la atención médica crucial para los pacientes.

Total de casos de salud atendidos en 2025: 19.475
Tutelas interpuestas: 10.236
Incidentes de desacato: 3.422
Incremento de incidentes de desacato: Más del 600% respecto a 2024

Radiografía de responsabilidades: Savia Salud y Nueva EPS en el ojo del huracán

El análisis de la Personería distrital también ha puesto de manifiesto la disparidad en el número de tutelas e incidentes de desacato entre las distintas EPS que operan en Medellín. A pesar de tener una proporción menor de afiliados, Savia Salud y Nueva EPS concentran cerca del 70% de las tutelas en la ciudad. Este dato contrasta significativamente con el de Sura, que, siendo la EPS con la mayor cantidad de afiliados (el 56% del total), registra solo el 19% de las tutelas.

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EPS con mayor número de tutelas y afiliados:

Savia Salud: 16% de afiliados en Medellín, la EPS más tutelada.
Nueva EPS: Aproximadamente el 9% de afiliados, la segunda EPS más tutelada.
EPS Sura: 56% de afiliados, recibe el 19% de las tutelas.

El personero Rave destacó que, aunque Sura atiende a más de la mitad de los usuarios, su proporción de tutelas es comparativamente menor. Esta información sugiere diferencias en la calidad del servicio o en la eficiencia de la gestión de estas entidades, impactando directamente en la salud de los ciudadanos.

Coosalud: Retrasos y suspensiones de atención

Otro caso que llama la atención es el de Coosalud. Solo en 2025, se interpusieron 360 tutelas contra esta EPS, lo que equivale a casi una tutela diaria. Más de una cuarta parte de estas acciones legales, específicamente 94, derivaron en impugnaciones e incidentes de desacato. La consecuencia directa de estos incumplimientos es un aumento considerable en los tiempos de espera para los pacientes, un factor crítico en situaciones de salud.

La situación de Coosalud se agrava por los problemas que mantiene con hospitales públicos en Antioquia, donde al menos ocho municipios han visto suspendida la atención ambulatoria debido a diferencias y deudas con esta EPS. Este escenario crea un cuello de botella en el acceso a servicios, afectando a poblaciones vulnerables que dependen de la red pública de salud.

Contexto en Colombia: La reforma de salud y la crisis generalizada

Este dramático aumento en los incidentes de desacato en Medellín no es un hecho aislado. Se enmarca en un debate nacional sobre la sostenibilidad y la eficacia del sistema de salud colombiano. La actual administración del presidente Gustavo Petro ha impulsado una reforma estructural al sistema, argumentando precisamente la necesidad de corregir las fallas inherentes al modelo actual, incluyendo la precarización de la atención y el incumplimiento de las EPS.

Históricamente, el sistema de salud en Colombia, estructurado bajo la Ley 100 de 1993, ha sido objeto de constantes críticas por su enfoque en la intermediación financiera y la falta de garantía universal en la prestación de servicios. La tutela se ha convertido, en la práctica, en el principal mecanismo para acceder a derechos fundamentales en salud que deberían estar garantizados sin necesidad de litigios. La acumulación de tutelas y, más grave aún, de incidentes de desacato, es una manifestación clara de que la vía judicial, aunque esencial, se está sobresaturando y perdiendo su efecto disuasorio frente a los incumplimientos de las entidades promotoras de salud.

El Valle de Aburrá, donde se ubica Medellín, es una región de alta densidad poblacional y, como tal, la demanda de servicios de salud es masiva. La crisis allí refleja problemas estructurales que no solo son administrativos o financieros, sino también éticos, en la medida en que comprometen la dignidad y la vida de los ciudadanos. La persistencia de estos incidentes de desacato pone en tela de juicio la capacidad de regulación y supervisión del Estado sobre las EPS, y la urgencia de soluciones que trasciendan la mera judicialización de la atención médica.