La atención de niños con cáncer en Risaralda se encuentra en una encrucijada crítica debido a una millonaria deuda que varias Empresas Promotoras de Salud (EPS) mantienen con el Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Esta situación, que ha encendido las alarmas en el sector salud del departamento, amenaza no solo la sostenibilidad financiera del centro hospitalario, sino también la continuidad de tratamientos vitales para los pacientes pediátricos oncológicos, poniendo en jaque el progreso de iniciativas como la «Ruta Dorada» de atención integral. Los retrasos en los pagos, que ascienden a miles de millones de pesos, han generado un efecto dominó que abarca desde la adquisición de medicamentos específicos hasta el pago de nóminas del personal médico, vislumbrando un panorama sombrío para la salud pública regional.

Crisis Financiera Profundiza Riesgos en el San Jorge

El Hospital Universitario San Jorge de Pereira, un referente de salud en Risaralda, atraviesa una profunda crisis financiera que ha puesto en vilo la prestación de sus servicios. La falta de desembolsos por parte de algunas EPS ha generado una cartera vencida insostenible que impide al hospital cumplir con sus obligaciones más elementales. Esta situación no solo impacta la capacidad operativa del centro, sino que repercute directamente en la calidad y oportunidad de la atención médica, especialmente para los grupos más vulnerables como los niños con diagnósticos oncológicos. La gravedad de la deuda se traduce en un riesgo palpable para la vida de estos pequeños.

«Ruta Dorada» en Peligro por Morosidad de EPS

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La iniciativa «Ruta Dorada», liderada por AISALUD y el Hospital San Jorge, surgió con un compromiso firme en agosto de 2024 para eliminar barreras de acceso a la atención de niños con sospecha o diagnóstico de cáncer infantil. Este programa, que incluye capacitación a personal médico y la adecuación de consultorios especializados para el diagnóstico temprano, está ahora bajo una amenaza latente. La directora ejecutiva de AISALUD, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, ha sido enfática al advertir que la continuidad de esta atención integral se ve directamente comprometida por la cartera que mantienen EPS como Asmet Salud, Coosalud y Nueva EPS. La provisión de medicamentos oncológicos y la atención de especialistas dependen directamente del flujo de estos recursos que hoy brillan por su ausencia.

Retrasos en Pagos Impactan Directamente a Pacientes

La preocupación se materializa en hechos concretos. Aunque hasta el momento ningún niño ha dejado de recibir su tratamiento, la señora Zuluaga ya ha confirmado retrasos en la entrega de medicamentos para quimioterapia a dos pacientes pediátricos. Esta situación es una clara señal de alarma. Asmet Salud adeuda al hospital por dos meses, mientras que Coosalud lleva un mes sin realizar giros. Por su parte, la Nueva EPS solo ha desembolsado aproximadamente el 50% de lo facturado. Esta morosidad no solo afecta a la población oncológica; el gerente del Hospital San Jorge, Javier Alejandro Gaviria, señaló que también hay dificultades para acceder a materiales de osteosíntesis para cirugías ortopédicas y para el suministro general de otros medicamentos e insumos médicos esenciales, evidenciando una crisis multifacética.

Impacto Más Allá de los Pacientes: Nómina Hospitalaria en Riesgo

La crisis financiera generada por las deudas de las EPS trasciende la atención directa a los pacientes. El gerente Gaviria confirmó que el hospital enfrenta serios problemas para garantizar el pago oportuno de nóminas y honorarios del personal médico y especialistas. «Ya desde el mes pasado hemos tenido dificultades para el pago oportuno de nuestros colaboradores y este mes probablemente también tengamos retrasos importantes», aseguró. Esta situación deteriora el bienestar del personal, esencial para el funcionamiento del hospital, y podría llevar a una desmotivación o fuga de talentos cruciales para el sistema de salud regional.

El Drama del Desplazamiento Forzado de Pacientes

De no resolverse la crítica situación, la directora de AISALUD advirtió sobre un escenario desolador: los pacientes podrían verse obligados a buscar atención en otras ciudades como Cali, Medellín, Popayán, Pasto o Manizales. Esto implicaría un «drama enorme» para las familias y los niños, quienes tendrían que desplazarse fuera de Risaralda para acceder a tratamientos especializados. Este desplazamiento no solo representa una carga económica y emocional para los afectados, sino que también vulnera el derecho a la salud y a la atención oportuna cerca de sus entornos familiares.

El Hospital San Jorge ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional, a los interventores de las EPS y a los directivos de Coosalud para que se garantice el flujo de recursos. Si bien la Nueva EPS ha manifestado su intención de revisar los mecanismos de giro, la situación con la interventora de Asmet Salud es preocupante, ya que no ha respondido a los requerimientos del hospital por los últimos dos meses. Coosalud, por su parte, se encuentra en un proceso de reorganización y aún adeuda cerca de $2.500 millones correspondientes al último periodo facturado. La esperanza reside en una intervención expedita y efectiva que logre destrabar estos recursos y asegurar que la vida de los niños risaraldenses no siga en la cuerda floja.

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