Detención domiciliaria para Miguel Quintero por caso AMVA

Un juez de Medellín ha dictado medida de detención domiciliaria contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, en el marco de una investigación por un presunto entramado de corrupción relacionado con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

Decisión judicial y argumentos

La decisión fue tomada por el juez 27 de control de garantías de Medellín, quien acogió la solicitud presentada por la fiscal Magda Sofía Ramírez. El juez consideró que la Fiscalía logró demostrar la necesidad de privar de la libertad a Miguel Quintero desde su residencia, debido a su presunta participación en el escándalo que involucra varios delitos.

En su pronunciamiento, el togado rechazó las manifestaciones extraprocesales difundidas en redes sociales y medios de comunicación, que vinculaban aspectos personales de las partes. El juez también afirmó que, si bien es lógico que quienes contratan con el Estado busquen una ganancia, una ganancia desmedida debe encender las alarmas en la sociedad.

La medida judicial no se extendió a Sebastián de Dios Ortega Urán, señalado como presunto socio en la red de contratación, quien permanecerá en libertad mientras avanza la investigación.

🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado

Imputación y el entramado de corrupción

Miguel Quintero fue imputado semanas atrás, siendo señalado como una de las cabezas de una estructura de contratación irregular. Según la investigación, esta estructura habría desviado seis contratos por un valor de 17.657 millones de pesos desde el AMVA hacia los bomberos de Itagüí. El juez estimó que el detrimento patrimonial para el Área Metropolitana supera los 2.481 millones de pesos, una suma que no podrá ser resarcida en su totalidad.

El juez destacó que la argumentación de la Fiscalía guarda congruencia temporal y permite inferir la comisión de delitos en la celebración de los mencionados contratos. Subrayó que la secuencia cronológica de movimientos y actuaciones, evidenciada en pantallazos presentados en el proceso, sugiere manipulación e injerencia de personas dentro de la institución. En sus palabras, la rosca es «inevitable en nuestro país».

Evidencias y testimonios

Durante la audiencia, el juez hizo referencia a elementos probatorios que sugieren el conocimiento pleno de la ilicitud de las conductas por parte de los implicados. Mencionó la creación de un grupo de WhatsApp con un nombre «llamativo» donde se ventilaban asuntos que «se materializaron en el espacio contractual del AMVA», incluyendo nombramientos, salidas e ingresos de personal que excedían sus funciones en las áreas financiera y administrativa, y que «torpedeaban» labores de otras subdirecciones.

Adicionalmente, se aludió a un allanamiento en el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, donde se observaron «dos cuadros» uno al lado del otro, que mostraban «la contratación paralela», es decir, lo que el AMVA pagaba por servicios y bienes, y lo que realmente se pagaba a quienes prestaban esos servicios.

Respecto a Miguel Quintero, el juez señaló que su actividad delictiva entre 2020 y 2023 se habría manifestado en la injerencia para que determinadas personas trabajaran en el AMVA, a pesar de que «un particular no debería tener injerencia alguna en los nombramientos» de la institución. Concluyó que se inclinaron intereses para satisfacer a «un tercero ajeno a la entidad», resultando en el desmedro patrimonial.

Reacciones y apelación

Los abogados defensores, Santiago Trespalacios, quien representa a Miguel Quintero, y Billy Torres, defensor de Sebastián Ortega, no se opusieron a la decisión del juez. Sin embargo, la fiscal Magda Sofía Ramírez apeló la detención domiciliaria de Miguel Quintero, argumentando que, en una próxima sesión, buscará justificar por qué considera que el hermano del exalcalde debería ser enviado a prisión.

El juez concluyó que los elementos presentados, en grado de conocimiento inferencial, indican que los dos ciudadanos «incurren en los tipos penales que les han sido endilgados y por los cuales han sido vinculados formalmente a una investigación penal».