Buenaventura, Valle del Cauca. La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea Colombiana y el apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), ha logrado destruir una pista clandestina de 1.280 metros en Isla Nayita, corregimiento de Puerto Merizalde, en zona rural de Buenaventura. Este operativo, denominado «Soberanía Uno», representa un impacto significativo a la infraestructura logística del narcotráfico atribuida a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.
Operativo estratégico en el Pacífico colombiano
La intervención se llevó a cabo en una zona de alta complejidad geográfica y de seguridad en el Pacífico vallecaucano. Según el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, la pista estaba ubicada estratégicamente a aproximadamente 1.200 metros de la costa, facilitando el arribo y despegue de aeronaves para el transporte de sustancias estupefacientes hacia Centro y Suramérica.
La destrucción de la pista se realizó mediante cargas explosivas instaladas en cuatro puntos clave a lo largo de sus 1.280 metros, garantizando su inhabilitación. La operación implicó un despliegue aéreo y terrestre considerable, con la participación de tres helicópteros UH-60 Black Hawk de la Policía Nacional, un helicóptero Arpía y el avión Fantasma de la Fuerza Aérea Colombiana.
Golpe a la economía ilegal de las disidencias
Además de la pista aérea, las autoridades desmantelaron una infraestructura dedicada al procesamiento de pasta base de coca. También intervinieron una hectárea de cultivos de hoja de coca y se incautaron 120 galones de gasolina y 198 bultos de cemento, insumos esenciales para la producción de narcóticos.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →El general Castaño Ramos enfatizó que este resultado afecta directamente las economías ilegales del Bloque Occidental ‘Jacobo Arenas’, específicamente al frente ‘Jaime Martínez’ del Estado Mayor Central. «Con este resultado afectamos las economías ilegales del Bloque Occidental ‘Jacobo Arenas’, frente ‘Jaime Martínez’ del Estado Mayor Central del narcoterrorista ‘Iván Mordisco’, debilitando sus capacidades de movilidad y logística para el tráfico internacional de drogas», declaró el oficial.
La Policía considera que la destrucción de esta infraestructura interrumpe un punto crucial en la cadena de producción y transporte de drogas, afectando la capacidad operativa de la organización en el suroccidente del país.
Puerto Merizalde: un corredor estratégico bajo presión
El corregimiento de Puerto Merizalde, en Buenaventura, no es un lugar escogido al azar por las organizaciones criminales. Su ubicación geográfica, cercana a la costa Pacífica, con amplias áreas de selva tropical y un acceso terrestre limitado, lo convierte en un corredor estratégico para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Estas características complican la presencia y el control estatal, permitiendo a los grupos armados ilegales establecer bases y rutas para sus operaciones.
La región del Pacífico colombiano, donde se inserta Buenaventura y sus zonas rurales como Puerto Merizalde, ha sido históricamente un epicentro de confrontación entre diversos actores armados por el control territorial y las rentas ilícitas. Desde el recrudecimiento del conflicto tras el acuerdo de paz con las FARC en 2016, grupos como las disidencias del EMC, el ELN y estructuras de crimen organizado han disputado corredores de movilidad para el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Esta disputa genera desplazamientos, confinamientos y vulneración de derechos humanos a las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan estos territorios.
La situación de seguridad en Puerto Merizalde ha sido particularmente tensa. En abril de este año, la comunidad sufrió las consecuencias de esta violencia con la suspensión de clases debido a amenazas a docentes y actos vandálicos contra instituciones educativas. La presencia de grupos armados ilegales y la disputa por el control del río Naya y sus afluentes incrementan la vulnerabilidad de la población civil y dificultan el desarrollo social y económico legítimo.
En este contexto, la operación «Soberanía Uno» se enmarca en una estrategia más amplia de las autoridades colombianas para desmantelar las estructuras criminales que operan en el Pacífico. Sin embargo, la persistencia de las condiciones geográficas y socioeconómicas favorables a las economías ilegales plantea desafíos continuos para la consolidación de la seguridad y la presencia institucional en estas regiones apartadas.
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