Departamento de Estado mantiene sanciones a Petro y sin visa estadounidense

Washington D.C. – El Departamento de Estado de Estados Unidos ha reiterado su posición de no levantar las sanciones impuestas al presidente colombiano, Gustavo Petro, ni de restituirle la visa estadounidense. La confirmación se produjo durante una audiencia en el Congreso de ese país, donde Luis Méndez, subsecretario adjunto para América del Sur, declaró que no existen planes inmediatos para revertir estas medidas.

La declaración de Méndez surgió en respuesta a una pregunta de la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, quien inquirió si la Casa Blanca había emitido alguna directriz para revisar la eliminación de las sanciones contra el mandatario colombiano. El funcionario fue enfático al señalar que, hasta el momento, no hay ninguna indicación en ese sentido.

La génesis de las sanciones y la política antidrogas

El Subsecretario Adjunto explicó que la inclusión de Gustavo Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como lista Clinton, se fundamentó en la evaluación de Washington sobre la política antidrogas implementada por su gobierno. Desde la perspectiva estadounidense, estas decisiones gubernamentales han favorecido un incremento significativo en los cultivos de coca y la producción de cocaína, con repercusiones directas en el flujo de estupefacientes hacia territorio norteamericano.

Méndez subrayó que cualquier eventual revisión de las sanciones estará condicionada a que el presidente colombiano adopte acciones que, a juicio de Estados Unidos, corrijan las causas que motivaron la decisión inicial.

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Competencias entre Tesoro y Departamento de Estado

Es relevante destacar que, si bien el Departamento de Estado comunica la posición política, la administración y posible modificación de las sanciones recae directamente en el Departamento del Tesoro. El Subsecretario Adjunto aclaró que su departamento no tiene la competencia legal para levantar o modificar estas medidas por sí mismo.

Contexto de las sanciones y reacciones previas

Las declaraciones de Washington se producen semanas después de que el presidente Petro hiciera pública una conversación telefónica con el expresidente Donald Trump, sostenida el 3 de julio. Según el mandatario colombiano, durante ese diálogo, solicitó el respaldo de Trump para ser retirado de la lista OFAC. Petro indicó que Trump le manifestó su intención de intervenir en el asunto, afirmando incluso que el expresidente desconocía que él y varios integrantes de su familia continuaran bajo sanciones estadounidenses. El jefe de Estado colombiano describió la conversación como cordial y expresó en sus redes sociales el compromiso de Trump de revisar el caso.

Las sanciones contra Gustavo Petro se hicieron efectivas el 24 de octubre de 2025. En este paquete, también fueron incluidos la Primera Dama, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro; y el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti. Estas medidas implican el congelamiento de cualquier bien o activo que los afectados pudieran poseer en Estados Unidos, además de prohibir cualquier tipo de transacción con ciudadanos y empresas estadounidenses. Adicionalmente, la visa de Petro fue revocada.

En el momento de su imposición, Scott Bessent, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, justificó la decisión alegando que la administración Petro había permitido el fortalecimiento de organizaciones dedicadas al narcotráfico y no había adoptado las acciones suficientes para frenar el envío de drogas hacia territorio estadounidense.

Implicaciones para Colombia y el suroccidente

La persistencia de estas sanciones no es un asunto menor para Colombia, especialmente en regiones como el Valle del Cauca y el Cauca, que históricamente han sido epicentros de cultivos ilícitos y rutas de narcotráfico. La política antidrogas de cualquier gobierno colombiano tiene un impacto directo en la dinámica socioeconómica y de seguridad de estas zonas. La preocupación de Estados Unidos, centrada en el aumento de cultivos de coca, resalta la tensión constante entre la soberanía nacional colombiana y las expectativas internacionales, particularmente las de su principal socio estratégico, en la lucha contra el narcotráfico. Esta situación puede repercutir en la cooperación internacional, la inversión extranjera y la imagen de Colombia en los mercados globales, afectandoindirectamente la capacidad del gobierno para implementar sus programas en regiones vulnerables, donde la economía de la coca sigue siendo un motor para miles de familias.