Durante la jornada del jueves 15 de octubre, la Fiscalía General de la Nación recibió una acción penal dirigida contra el caricaturista y excandidato al Congreso por el Pacto Histórico Julio César González Quiceno, reconocido públicamente bajo el seudónimo de ‘Matador’. La queja formal fue presentada por Carlos Andrés Ríos Plata, quien se desempeña como alto comisionado para la Paz encargado.
Irregularidades contractuales y delitos señalados
La controversia surge a raíz de las presuntas anomalías detectadas en un convenio asignado a González Quiceno durante la administración del expresidente Gustavo Petro. Los recursos asignados totalizaron $257 millones, tramitados de manera oficial a través del Fondo Colombia en Paz.
De acuerdo con el texto dado a conocer por Noticias RCN, la finalidad del convenio consistía puntualmente en “realizar campañas de socialización del Acuerdo de Paz mediante caricaturas”. Frente a estas asignaciones, la denuncia solicita investigar la posible comisión de múltiples conductas punibles:
- Peculado por apropiación y peculado culposo.
- Contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
- Interés indebido en la celebración de contratos.
- Falsedad ideológica en documento público.
Puntos bajo inspección de la Fiscalía
La petición remitida a las autoridades busca esclarecer si el caricaturista y publicista desarrolló a cabalidad las tareas estipuladas y justificó el desembolso estatal recibido. El requerimiento judicial enfatiza en corroborar la ejecución completa de la estrategia gráfica proyectada.
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Indagación previa por violencia de género
Este señalamiento judicial coincide con otro proceso que la Fiscalía General de la Nación mantiene activo frente a González Quiceno. La institución abrió un expediente por el supuesto delito de injuria agravada tras unos comentarios publicados en redes sociales dirigidos hacia la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda.
Dicha diligencia avanzó sin mediación de querella externa. El organismo judicial reportó mediante una comunicación que “la indagación se abre de oficio por tratarse de un asunto de posible violencia contra la mujer. En ese sentido, fue asumida por una fiscal del Grupo de Violencias Basadas en Género, por el presunto delito de injuria agravada”. La causa de este caso radica en publicaciones donde el ilustrador la calificó de “ratita” al increparla sobre el destino de recaudos orientados a personas afectadas por un terremoto.
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