La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha completado dos años de parálisis operativa, según una denuncia pública del representante a la Cámara Daniel Briceño, miembro del Centro Democrático.
El congresista de oposición señaló que esta célula legislativa mantiene suspendidos los términos legales y se encuentra en un estado de inactividad total. Esta situación se da en un momento en que el país conoce pruebas sobre presuntas omisiones de altos funcionarios en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Acumulación de investigaciones sin trámite
Las cifras presentadas por el parlamentario Briceño indican que la inoperatividad de la comisión ha impedido el reparto inicial de expedientes que ingresan a la secretaría. A la fecha, se han acumulado más de 2.400 investigaciones sin ningún tipo de trámite.
El representante Briceño advirtió que esta situación podría generar impunidad en los procesos que, constitucionalmente, le corresponden a la Cámara de Representantes. El legislador calificó como «lamentable» el rol de la corporación en la vigilancia y juzgamiento de personas con fuero especial. Según su criterio, el represamiento sistemático de las causas afecta la función constitucional de control político e institucional encomendada al Congreso de la República por la ciudadanía.
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Ante el estancamiento de los procesos contenciosos, el representante Briceño hizo un llamado directo a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes y al Gobierno Nacional. Solicitó la gestión y asignación de los recursos económicos y técnicos necesarios para la reactivación de la comisión.
El congresista enfatizó que la falta de presupuesto no debe ser una justificación para mantener frenadas las indagaciones. Subrayó la urgencia de dotar a esta célula judicial de las herramientas logísticas para reactivar los términos y proceder con la distribución de las denuncias entre los representantes investigadores. Sin esta inyección de fondos, los expedientes que involucran a ministros, magistrados y al propio Jefe de Estado, seguirán en el limbo administrativo.
Vergüenza institucional
Finalmente, Briceño reiteró que la inacción de la celda investigativa representa un hecho vergonzoso para la institucionalidad del país. El congresista instó a la Cámara a asumir con rigor sus competencias legales y a ofrecer respuestas claras a la opinión pública sobre el destino de los procesos relacionados con el manejo de recursos públicos.
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