Denuncian despidos ilegales y presiones a empleados enfermos en Postobón

Una reciente investigación del medio digital Vorágine ha desatado una controversia en el ámbito laboral colombiano, al exponer presuntas irregularidades en la desvinculación de cerca de un centenar de empleados de Postobón. Los trabajadores afectados, todos con enfermedades o restricciones médicas, habrían sido objeto de presiones y amenazas para firmar acuerdos de terminación de contrato, presentados como voluntarios, durante reuniones celebradas en hoteles de Bogotá el pasado 15 de mayo.

Denuncias de un proceso viciado de nulidad

Según la información publicada por Vorágine, y sustentada en testimonios, documentos y grabaciones, el proceso de desvinculación estuvo marcado por tácticas coercitivas. Los empleados, muchos de ellos con estabilidad laboral reforzada debido a sus condiciones de salud física o mental, fueron citados a encuentros individuales donde, presuntamente, se les instó a aceptar indemnizaciones a cambio de su renuncia.

Las grabaciones obtenidas por el medio periodístico revelan frases contundentes atribuidas a un abogado de la compañía. Citas como «Acá hay dos formas, a las buenas y a las malas», «A ti qué culos te importa si a Postobón le meten una multa por esto» y «Si tú demandas a una empresa, nadie te contrata» ilustran la naturaleza de las presiones que, según los denunciantes, se ejercieron durante las reuniones.

Testimonios clave que evidencian la coacción

El caso de Selena Zafra, con once años de antigüedad en la empresa y varias afectaciones de salud tras un accidente laboral en 2017, es uno de los más documentados. Zafra grabó cerca de 45 minutos de la reunión en la que, insistentemente, se le habría presionado para aceptar una indemnización de cincuenta millones de pesos. Su solicitud de un tiempo para consultar con su familia y tomar una decisión fue presuntamente negada, bajo la advertencia de que, si no firmaba, se procedería a la terminación unilateral de su contrato.

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Situaciones similares fueron relatadas por Luisa Garrido y Diana Romero, quienes afirmaron haber sido coaccionadas para firmar acuerdos similares. Ambas trabajadoras sostienen que se les advirtió que, de no hacerlo, se irían sin ninguna compensación económica, una táctica que busca mermar la capacidad de negociación y resistencia de los empleados en situaciones vulnerables.

Contexto legal y respuesta de las autoridades

La abogada Paola Yepes, quien representa a cerca de la mitad de los trabajadores desvinculados, ha calificado estos hechos como «despidos ilegales». Su argumento se centra en la figura de la estabilidad laboral reforzada, una garantía legal en Colombia que protege a los trabajadores con limitaciones de salud, impidiendo su despido sin la autorización previa del Ministerio del Trabajo.

La gravedad de las denuncias ha llevado al Ministerio del Trabajo a iniciar una investigación. Sandra Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales, confirmó a Vorágine la existencia de indicios de posibles irregularidades y enfatizó que los acuerdos de terminación de contrato no pueden estar viciados por presiones ni pueden desconocer las garantías de los trabajadores protegidos por la estabilidad laboral reforzada.

La posición de Postobón

Consultada por Vorágine, Postobón emitió un comunicado en el que asegura que sus procesos de gestión de personal se ajustan a la legislación laboral colombiana. La compañía sostiene que los acuerdos de terminación de contrato se firman de manera voluntaria y sin menoscabo de los derechos de los trabajadores, y se comprometió a atender los requerimientos que formulen las autoridades competentes.

No obstante, las evidencias presentadas por la investigación periodística contradicen esta versión, planteando serias dudas sobre la voluntariedad de las renuncias y la legalidad de los procedimientos aplicados.

Estabilidad laboral y su relevancia en el contexto colombiano

Este caso resalta la importancia de la estabilidad laboral reforzada en el marco jurídico colombiano, una figura creada para proteger a los trabajadores que, por sus condiciones de salud, edad, o situaciones específicas como el embarazo, se encuentran en una posición de vulnerabilidad. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en la necesidad de que las empresas obtengan el aval del Ministerio del Trabajo antes de proceder a la desvinculación de empleados amparados bajo esta figura, garantizando así que no se produzcan despidos discriminatorios o injustificados.

La situación de los trabajadores en Colombia, especialmente aquellos con padecimientos de salud, representa un desafío constante para la protección de sus derechos laborales. Incidentes como los denunciados en Postobón subrayan la necesidad de una vigilancia estricta por parte de las autoridades y la importancia del rol del periodismo investigativo para sacar a la luz estas prácticas. La eventual resolución de este caso por parte del Ministerio del Trabajo sentará un precedente importante sobre el alcance y la aplicación de las garantías laborales en el país.