El abogado Ricardo Ruge Cabrera radicó formalmente ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal bajo el radicado número 2026201305514361, en la cual expone presuntos manejos ilícitos en la imposición de fotomultas y en el funcionamiento administrativo del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit). La acción legal apunta contra Gilberto Toro Giraldo, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, entidad encargada de coordinar dicho sistema.

El sustento del caso recopila hallazgos previos del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, entidades que en mayo hicieron públicos los resultados de indagaciones sobre 37 organismos viales a raíz de 7,5 millones de sanciones expedidas entre 2018 y 2024. Según los cálculos expuestos por el jurista, las penalizaciones cuestionadas podrían rebasar los 2,1 billones de pesos, monto que duplicaría lo percibido por recaudo.

Cali registra el mayor volumen de infracciones bajo sospecha

Dentro del universo de comparendos examinados, las cifras se distribuyen en diversas zonas del territorio nacional, siendo la capital del Valle del Cauca la más comprometida:

  • Cali: supera los 2,7 millones de comparendos.
  • Medellín: más de 717.000 sanciones.
  • Cundinamarca: 406.509 registros.
  • Bogotá: sobrepasa las 294.000 infracciones.
  • Barranquilla: al menos 131.000 casos.
  • Soledad: 18.098 comparendos.
  • Villavicencio: 16.300 multas.
  • Otras poblaciones indagadas: Santa Marta (7.088), Sabaneta (7.087), Cartago (7.086), Yumbo (7.085), Puerto Colombia (7.082), Barrancabermeja (7.074), Bello (7.071), Itagüí (7.070) y Popayán (7.075).

Fallas técnicas y ausencia de permisos en cámaras de detección

Ruge Cabrera, vocero de un grupo cercano a 500 ciudadanos tras una década de recopilación documental, sostuvo que el 35 por ciento de los dispositivos electrónicos operaba sin el aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Asimismo, recordó que las entidades viales tienen la obligación legal de calibrar estos aparatos periódicamente y colocar señales anticipadas que alerten a los conductores.

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Como caso puntual en Barranquilla, el jurista mencionó el dispositivo ubicado en la intersección de la calle 46 con carrera 100, el cual carecería de autorización desde 2024, situación que invalidaría todas las sanciones emitidas allí a partir de esa fecha. No obstante, aclaró que no la totalidad de las multas del país carecen de sustento legal ni procede un reintegro automático generalizado.

Cuestionamientos contractuales y manejo financiero de recursos

El expediente entregado al ente acusador consta de 49 hechos descritos en 1.200 folios. La acusación controvierte el destino del 10 por ciento que descuenta la Federación Colombiana de Municipios por cada sanción saldada para financiar el Simit. De acuerdo con el denunciante, más de la mitad del presupuesto del sistema lo maneja la firma Dicitec mediante asignaciones directas y esquemas de subcontratación.

Entre los ejemplos aportados figura un convenio por 25.290 millones de pesos, del cual Dicitec habría derivado 17.432 millones de pesos hacia un tercero. A esto se suma una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fechada el 4 de septiembre de 2026, que dispuso devolver 84.752 millones de pesos a distritos y municipios por concepto de rendimientos y excedentes monetarios que el Simit retuvo de forma presuntamente irregular.

La denuncia alerta además que esquemas semejantes de contratación privada se estarían implementando en otras regiones, como Florencia, Caquetá, donde se pactaría una división del 70% para el privado y 30% para la administración municipal.

Impacto en conductores y canales de reclamación

El alcance de estas inconsistencias abarcaría a 7,5 millones de personas sancionadas: cerca de 6 millones enfrentan embargos o permanecen en mora, mientras que aproximadamente 1,5 millones de infractores ya cancelaron los cobros y tendrían derecho a la restitución de sus recursos. Para congregar a los conductores afectados en estas gestiones legales, el colectivo habilitó el portal web simitdevuelvemelaplata.com.

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