Defensoría advierte fallas graves en censo y coordinación tras sismo

La respuesta estatal tras el reciente terremoto que impactó a los departamentos de Chocó y Risaralda ha sido objeto de escrutinio por parte de la Defensoría del Pueblo. Iris Marín, representante de la entidad, ha emitido una alerta crítica sobre las falencias en la coordinación interinstitucional y la deficiencia en el levantamiento del censo de damnificados, elementos cruciales para una gestión eficaz de la emergencia.

En declaraciones recientes, la defensora subrayó la urgencia de consolidar un registro formal de las personas afectadas. Si bien existen reportes preliminares sobre fallecidos y desaparecidos, estos presentan inconsistencias, dificultando una evaluación precisa de la magnitud humana de la catástrofe. La formalización del censo es vital para establecer el Registro Único de Damnificados (RUD), instrumento indispensable para la planificación de la atención humanitaria y las futuras labores de reconstrucción.

Deficiencias en el Censo y sus Implicaciones

La Defensoría enfatizó que, aunque no se esperaba la culminación del censo a pocos días del evento, su inicio oportuno y sistemático es impostergable. La falta de este registro impide identificar con claridad a quienes requieren asistencia y cuáles son sus necesidades específicas. Esta omisión, según Marín, expone a los afectados a un estado de vulnerabilidad prolongado y dificulta la canalización de recursos.

Un ejemplo concreto de estas dificultades fue observado en Quibdó, Chocó. Tras un deslizamiento en el barrio Futuro 1, la defensora constató que varias personas que perdieron sus hogares no habían recibido contacto ni asistencia institucional. Mientras algunas encontraron refugio temporal con familiares, otras se vieron sin un lugar adonde ir, evidenciando la desconexión entre la necesidad en terreno y la respuesta organizada. La apertura tardía de un albergue en Quibdó y sus condiciones básicas precarias resaltan la urgencia de establecer espacios dignos y adecuadamente gestionados para los desplazados.

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Albergues y Coordinación: Retos Mayores

La situación de los albergues es otro punto crítico. La Defensoría instó a garantizar que estos espacios cuenten con condiciones mínimas que aseguren la dignidad y seguridad de sus ocupantes. Contrastando experiencias, Marín mencionó una mejor organización observada en Dosquebradas (Risaralda) en comparación con Quibdó, lo que subraya la disparidad regional en la capacidad de respuesta.

Sin embargo, incluso en Risaralda, se detectaron fallas significativas en la coordinación entre los niveles municipales, departamentales y nacionales. La articulación efectiva es esencial para que la ayuda llegue de manera fluida y se evite la duplicidad de esfuerzos o, peor aún, la desatención de áreas críticas. La defensora insistió en que las ayudas humanitarias deben canalizarse a través de instancias formales de coordinación, como las salas de crisis o los Puestos de Mando Unificado (PMU). Esta medida no solo garantiza la transparencia, sino que también permite un seguimiento riguroso de la distribución de los recursos.

Canalización de ayudas por PMU o sala de crisis.
Seguimiento de organismos de control (Contraloría, Procuraduría, Defensoría).
Superación de diferencias políticas entre autoridades.

Contexto Regional: Vulnerabilidad en el Suroccidente Colombiano

La recurrencia de fenómenos naturales y la precariedad de infraestructuras en el suroccidente colombiano, especialmente en departamentos como Chocó y algunas zonas de Risaralda, magnifican el impacto de eventos como este sismo. Históricamente, Chocó ha enfrentado desafíos significativos en términos de desarrollo social y económico, así como una presencia estatal que a menudo se percibe como insuficiente o tardía. La geografía montañosa y la alta pluviosidad de la región la hacen susceptible a deslizamientos de tierra, mientras que la informalidad en la construcción de viviendas, producto de la pobreza y la falta de planificación urbana, aumenta la vulnerabilidad de sus habitantes ante movimientos telúricos. Este contexto socioeconómico y ambiental agrava las consecuencias de cualquier desastre natural, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones y exacerbando la necesidad de una coordinación impecable y un censo confiable.

El Papel de los Organismos de Control

Para asegurar la transparencia y la trazabilidad en la gestión de la emergencia, la Defensoría del Pueblo ha recalcado la importancia de la participación activa de los organismos de control. La Contraloría General de la República y la Procuraduría, junto con la Defensoría, deben ejercer su función de veeduría para garantizar que los procesos relacionados con las ayudas y la reconstrucción se realicen de manera ética y eficiente. Esta supervisión es vital para evitar la desviación de recursos y asegurar que las ayudas lleguen a quienes verdaderamente las necesitan.

A pesar de esfuerzos como la reestructuración de los PMU en Risaralda para mejorar la comunicación entre alcaldías y gobernaciones, persisten desafíos en el intercambio de información y la toma de decisiones conjuntas. La defensora hizo un llamado contundente a las autoridades para dejar de lado las diferencias políticas y concentrar sus esfuerzos en las necesidades de la población. La coordinación no es una opción, sino una necesidad imperativa para mitigar el sufrimiento y reconstruir las comunidades afectadas con dignidad y celeridad.