El estatus legal e independiente de Defensores de la Patria, colectividad vinculada al presidente Abelardo De La Espriella, se encuentra bajo incertidumbre debido a dos frentes institucionales simultáneos: demandas de nulidad que revisa el Consejo de Estado y un requerimiento formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para integrarse con Salvación Nacional.
Demandas contra el reconocimiento del CNE
El origen del debate jurídico radica en la Resolución 3564 emitida el 3 de agosto de 2026 por el CNE, acto que concedió la personería jurídica a Defensores de la Patria con base en los sufragios que Abelardo De La Espriella sumó en la contienda presidencial. La determinación generó reparos debido a que dicha agrupación careció de listas en las votaciones para Senado y Cámara de Representantes.
Los recursos presentados ante el tribunal administrativo argumentan que el artículo 108 de la Constitución exige alcanzar al menos el 3 % de los sufragios válidos en los comicios legislativos para obtener dicho estatus, señalando que la autoridad electoral recurrió de forma indebida a antecedentes fijados para otras fuerzas políticas.
Entre los demandantes figuran:
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- Cristian Javier Saray Buitrago, ciudadano que solicitó formalmente anular el acto administrativo expedido por el organismo electoral.
Aunque el Consejo de Estado rechazó el 15 de octubre suspender de manera provisional la vigencia de la personería, el expediente continúa abierto. La negativa de dicha medida cautelar no zanjó el litigio de fondo, de modo que la resolución inicial aún puede ser declarada nula.
La solicitud de absorción por Salvación Nacional
Paralelamente al curso de las demandas, las cúpulas partidarias tramitan un procedimiento de fusión por absorción ante el CNE. La petición formal fue radicada por el senador Enrique Gómez Martínez, quien encabeza Salvación Nacional, y Camilo Andrés Noguera Abello, en calidad de representante legal de Defensores de la Patria.
Bajo los términos planteados, Salvación Nacional mantendría su figura jurídica y asumiría el rol de entidad absorbente y continuadora, adoptando la denominación de Partido Político Defensores de la Patria. En contraste, la organización de origen presidencial quedaría disuelta sin entrar en liquidación, transfiriendo sus bienes, afiliados, obligaciones, archivos y demás nexos transmisibles a la personería receptora.
Esta fórmula cuenta con aval interno en ambas colectividades:
- Salvación Nacional dio su respaldo unánime el 18 de septiembre de 2026.
- Defensores de la Patria aprobó el mecanismo el 19 de agosto con 20 votos a favor, cifra que representó la totalidad de los delegados facultados en su convención nacional.
La culminación de esta figura depende de la sala plena del CNE. Si el organismo aprueba la solicitud, la colectividad presidencial perderá su personería jurídica autónoma para quedar integrada en la estructura legal previa de Salvación Nacional.
El pacto contempla además una junta directiva permanente compuesta por Enrique Gómez Martínez, Camilo Andrés Noguera Abello y Carlos Augusto Suárez Rojas, quien fungió como estratega de la campaña de De La Espriella y preside la junta directiva de Ecopetrol.
Líos judiciales de Enrique Gómez en el Congreso
El panorama de esta alianza política coincide con acciones interpuestas contra Enrique Gómez por presunto conflicto de intereses durante el debate del Presupuesto General de la Nación para 2027. El congresista Wilson Arias informó el 26 de octubre que acudió al Consejo de Estado para denunciarlo, mientras que el senador Ariel Ávila radicó el 27 de octubre una demanda de pérdida de investidura.
Los hechos cuestionados ocurrieron en las comisiones económicas conjuntas, donde Gómez impulsó las proposiciones 409 y 410, orientadas a redireccionar 170.000 millones de pesos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hacia la justicia ordinaria. La iniciativa contó con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, cuyo titular es Miguel Gómez Martínez, hermano del senador.
Pese a que la plenaria del Senado aceptó el impedimento de Enrique Gómez el 19 de octubre por su parentesco con el ministro, los demandantes advierten que el parlamentario debió marginarse desde el primer debate y no después de tramitar los ajustes presupuestales. El tribunal contencioso administrativo deberá definir si existió una infracción que amerite retirarle su escaño senatorial, proceso sobre el cual aún no hay un fallo.
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