Ever Jesús Pallares Baene, quien hasta hace poco ejercía como defensor regional del Pueblo en Ocaña, Norte de Santander, ha presentado su renuncia al cargo. Esta decisión se produce en el contexto de una investigación preliminar iniciada por la Fiscalía General de la Nación, que busca establecer si el exfuncionario facilitó información clasificada al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La investigación se centra en la presunta entrega de datos sensibles, en tiempo real, concernientes a defensores de derechos humanos y líderes sociales que operan en la compleja región del Catatumbo. Adicionalmente, se investiga si Pallares Baene compartió detalles sobre el acompañamiento institucional que brindaba a víctimas del conflicto y a exintegrantes del Frente 33 de las FARC, quienes se acogieron a procesos de reincorporación a la vida civil.
La Fiscalía indaga presuntos vínculos con el ELN
La Defensoría del Pueblo ha confirmado tener conocimiento de este proceso y ha señalado que la renuncia de Pallares Baene “permite preservar la confianza institucional para que la acción judicial se desarrolle sin ningún tipo de interferencia”. La entidad busca asegurar la transparencia y la imparcialidad en el avance de las pesquisas.
Uno de los elementos que ha generado mayor atención en este caso es el parentesco de Ever Jesús Pallares Baene con Luz Amanda Pallares Pallarez, conocida con los alias de «Silvana Guerrero» o «Ana María», identificada por las autoridades como una cabecilla del ELN. «Alias Silvana» figura en carteles de los más buscados en el Catatumbo, con una recompensa significativa por información que conduzca a su captura. Se le atribuye responsabilidad en más de 100 muertes, 56.000 desplazamientos y el confinamiento de 23.000 personas.
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En declaraciones a un medio nacional, Pallares Baene se defendió de las acusaciones, indicando que la denuncia llegó a las oficinas de la Defensoría a través de un correo electrónico y que desconocía su contenido. Reconoció su parentesco con «alias Silvana», pero aclaró que se trata de «una prima que hace más de 30 años decidió tomar las armas».
El exdefensor regional enfatizó que su relación familiar es de cuarto grado de consanguinidad. «Ella no es precisamente tía. El parentesco está en cuarto grado de consanguinidad y viene siendo mi prima. Una prima que, según la información que se ha remitido, hace más de 30 años está en las filas de la guerrilla. Es decir, para ese entonces yo tenía menos de 10 años, cuando ella decidió tomar las armas», explicó. Además, destacó su trayectoria de más de 15 años dedicada al trabajo humanitario.
El Catatumbo: un escenario de alta complejidad
Este incidente subraya la persistente fragilidad en regiones de Colombia históricamente afectadas por el conflicto armado, como el Catatumbo. Esta subregión de Norte de Santander es un punto neurálgico para la confrontación entre diversos actores armados ilegales, incluyendo el ELN, disidencias de las FARC y grupos del crimen organizado, que se disputan el control territorial, las rutas del narcotráfico y la explotación ilegal de recursos.
La presencia de grupos armados en el Catatumbo no solo genera violencia y desplazamiento, sino que también representa un desafío constante para la labor de instituciones como la Defensoría del Pueblo, cuya misión es salvaguardar los derechos humanos de la población civil. La infiltración o la presión de estos grupos sobre funcionarios públicos es un riesgo inherente en zonas donde la institucionalidad es débil o está bajo asedio.
Los defensores de derechos humanos y los líderes sociales en esta región, como en otras áreas periféricas de Colombia, operan bajo una amenaza constante. La información que manejan sobre las dinámicas del conflicto, las violaciones a los derechos humanos y la identidad de las víctimas y victimarios es de vital importancia, y su filtración puede tener consecuencias fatales. La investigación en curso de la Fiscalía General de la Nación deberá determinar el alcance real de las presuntas filtraciones y deslindar responsabilidades en un contexto donde la confianza en las instituciones es un pilar fundamental para la construcción de paz y la protección de la ciudadanía.
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