El traslado de Sneyder Pinilla al Complejo Carcelario y Penitenciario La Picota, dispuesto por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ha sido refutado por su defensa legal. Pinilla, quien fuera exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se encuentra en el centro de una controversia sobre su lugar de reclusión.
Defensa de Pinilla argumenta orden judicial vigente
El abogado Gustavo Moreno, representante legal de Pinilla, manifestó en redes sociales que existe una «orden judicial» vigente que determina que su defendido debe permanecer en una instalación de reclusión militar. Por esta razón, solicitó la anulación de la decisión de traslado. Moreno recalcó que las decisiones de los jueces deben ser acatadas y cumplidas.
La formalización del traslado, que incluye también al exdirector de la UNGRD Olmedo López, fue ejecutada por el Inpec a través de la Resolución 008041 del 6 de octubre de 2026. Dicha resolución establece el movimiento de ambos desde establecimientos especiales para miembros de la Fuerza Pública hacia La Picota.
El abogado enfatizó la situación de Pinilla como testigo colaborador: «Sneyder Pinilla es un testigo que ha decidido colaborar con la justicia. Su vida e integridad deben ser protegidas y las garantías otorgadas dentro de su proceso de cooperación deben ser efectivas», expresó Moreno, advirtiendo que «no se pueden desconocer las decisiones judiciales ni poner en riesgo las garantías de quienes han decidido colaborar con la justicia».
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Contexto del traslado y preocupaciones por seguridad
El traslado se produjo tras una solicitud pública del presidente Abelardo de la Espriella. El mandatario, desde su cuenta de X, afirmó haber dado la orden para el movimiento de López y Pinilla a La Picota, declarando: «¡Se acabó la guachafita y se acabaron los privilegios! Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota».
Tanto López, exdirector de la UNGRD, como Pinilla enfrentan acusaciones relacionadas con la presunta desviación de recursos. Estos fondos estaban destinados a la atención de emergencias y al suministro de agua en comunidades de La Guajira, en el marco de un esquema de corrupción que, según las investigaciones, también involucró la entrega de recursos a congresistas para influenciar la tramitación de proyectos de ley del gobierno anterior en el Legislativo.
La defensa de Sneyder Pinilla ha insistido en que el traslado representa un «riesgo grave» para su vida y que podría «silenciarlo». Moreno reiteró: «Sneyder Pinilla cooperó con la justicia, participó en una agencia encubierta y sigue siendo testigo en procesos de corrupción. Ignorar las órdenes judiciales de protección lo expone a un riesgo grave y puede silenciarlo. Exigimos garantías inmediatas para su vida e integridad».
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