Una investigación periodística de gran impacto ha revelado una base de datos masiva de la campaña de Abelardo de la Espriella, contenida en su movimiento «Defensores de la Patria». Esta base, que incluía datos sensibles de 1.4 millones de personas, fue encontrada pública en internet sin la seguridad necesaria, contraviniendo la Ley 1581 de protección de datos personales en Colombia. Lo más preocupante es la identificación de miles de funcionarios públicos, incluyendo miembros activos de la Policía Nacional, registrados en esta plataforma, levantando serias dudas sobre la legalidad y ética de su participación en actividades proselitistas.
Exposición de Datos Sensibles y Vulnerabilidad de la Información
La alianza periodística, conformada por Cuestión Pública, Vorágine, Rutas del Conflicto, El Veinte y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), accedió a la base de datos de la campaña de De la Espriella, la cual carecía de las medidas de seguridad estipuladas por la ley colombiana. Entre los datos expuestos se encuentran nombres completos, números de identificación, correos electrónicos, teléfonos, edades, departamentos, municipios, direcciones y géneros, un volumen de información personal que, al ser comprometido, representa un riesgo significativo de robo de identidad o uso indebido. Esta situación es aún más grave al considerar que los datos de personal de la Policía Nacional son clasificados como información de seguridad nacional, amparados por leyes específicas como la Ley 1621 de 2013 y la Ley 1712 de 2014, haciéndolos altamente vulnerables si se vinculan a filiaciones políticas.
El Modelo de «Mercadeo Multinivel» y la Captación de Votantes
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →La campaña de «Defensores de la Patria» operaba bajo un esquema que recuerda al marketing multinivel o piramidal. Tras el registro, los usuarios recibían un mensaje de bienvenida y un llamado a unirse a grupos de WhatsApp, junto con un enlace personalizado para referir a otros. La acumulación de referidos generaba puntos y la posibilidad de participar en concursos con atractivos premios, como viajes a México para el Mundial o la oportunidad de compartir un día con De la Espriella. Sin embargo, la investigación no encontró mecanismos de verificación de identidad, lo que abre la puerta a registros no consensuados o incluso fraudulentos. Se detectaron casos de inscripciones falsas, como la del presidente Gustavo Petro y el magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero del CNE, que evidencian la falta de rigor en la validación de los datos.
Funcionarios Públicos en la Campaña: Un Conflicto de Intereses y Legalidad
Uno de los hallazgos más alarmantes es la masiva presencia de funcionarios con correos electrónicos de dominio gov.co. Se identificaron 5.848 registros de este tipo, concentrados en 12 entidades estatales como la Gobernación de Risaralda, Secretaría de Educación de Armenia y la Alcaldía de Medellín. Particularmente grave es la identificación de 224 registros con el dominio policia.gov.co, correspondientes a trabajadores activos de la Policía Nacional, y 537 con casur.gov.co, vinculados a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. La ley colombiana, específicamente la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías) y la Ley Estatutaria 1475 de 2011, prohíbe explícitamente a los servidores públicos, y de manera más estricta a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, participar en actividades políticas o deliberar. Esto sugiere una posible violación a la ley y un uso indebido de recursos del Estado para fines proselitistas.
La Red de Referidos y Contratistas Estatales
La investigación profundizó en el sistema de referidos, cruzando los datos de la campaña de De la Espriella con bases de datos de Función Pública y contratos estatales. Se encontraron 12.364 registros de posibles funcionarios públicos con correos personales. Más allá, se identificaron 45.000 cédulas de personas que han recibido contratos públicos entre 2025 y 2026, período de actividad del formulario de la campaña. Dentro de este grupo, 785 personas referidas por funcionarios públicos firmaron contratos estatales en los últimos dos años. Lo más incriminatorio es que, en varios casos, los funcionarios inscritos en la base de datos trabajaban en la misma entidad de sus referidos y, además, ostentaban cargos de poder y control, siendo supervisores u ordenadores del gasto de algunos de esos contratos.
Casos Concretos de Influencia y Presunto Proselitismo
La investigación destaca casos específicos que ilustran esta compleja red. Elania Redondo Peña, secretaria de Gestión Humana de la Alcaldía de Barranquilla, quien está registrada en la aplicación y refirió a 1.337 personas. De estos, 93 eran contratistas y 61 contrataron directamente con la Alcaldía de Barranquilla por un monto de 22.000 millones de pesos. Redondo Peña, en su rol, supervisó varios de estos contratos. Otro ejemplo es el alcalde de Los Patios, Alexi Valencia Lizcano, y el alcalde de Pamplona, Klaus Faber Mogollón, ambos de Norte de Santander. Ambos alcaldes, registrados en la aplicación con minutos de diferencia, refirieron a contratistas de sus respectivas administraciones. Estas situaciones hacen un llamado urgente a las autoridades competentes, como la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía, para investigar si se configuraron delitos como el constreñimiento o la corrupción al sufragante, o infracciones disciplinarias relacionadas con el proselitismo político.
Conclusión: Un Llamado a la Transparencia y la Legalidad Electoral
La revelación de esta base de datos no solo expone graves fallas en la seguridad de la información personal, sino que también plantea serias interrogantes sobre la integridad de los procesos electorales en Colombia. La participación activa de funcionarios públicos en campañas políticas, especialmente cuando se vincula a la contratación estatal, socava la confianza ciudadana en las instituciones y la equidad democrática. Es imperativo que las autoridades investiguen a fondo estas denuncias, garanticen la protección de los datos de los ciudadanos y aseguren que las campañas políticas se desarrollen dentro del marco de la legalidad y la transparencia, especialmente en un contexto preelectoral donde la manipulación de información y el uso indebido de la función pública pueden distorsionar la voluntad popular.
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