Bogotá, Colombia – En una decisión que reconfigura el panorama de la salud en Colombia, el presidente Abelardo De la Espriella ha dado una directriz clara: las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que no demuestren viabilidad financiera y capacidad de atención serán liquidadas. Esta determinación marca un viraje significativo respecto a las críticas que el actual mandatario formuló durante su paso por la oposición, cuando cuestionaba vehementemente las intervenciones y cierres de aseguradoras durante la administración de Gustavo Petro.

La postura actual del Ejecutivo contrasta con el discurso de campaña de De la Espriella. En aquel entonces, argumentaba que debilitar y clausurar estas entidades vulneraba el derecho a la salud, colapsaba los hospitales y desatendía a los pacientes más vulnerables. Incluso, llegó a solicitar medidas cautelares para frenar dichas salidas. Ahora, desde la Casa de Nariño, la perspectiva ha cambiado, impulsada por una crisis sistémica en el sector.

El drástico cambio de perspectiva presidencial

El anuncio presidencial establece nuevas reglas de juego para el sector salud. De la Espriella declaró que “las EPS que sean viables y puedan garantizar una buena atención tendrán la posibilidad de recuperarse. Las que no lo sean, deberán ser liquidadas de manera ordenada pensando siempre en los intereses y las necesidades de sus afiliados”. Esta declaración subraya la intención de su gobierno de intervenir activamente en la gestión de las EPS, priorizando la estabilidad del sistema y la calidad del servicio.

La justificación del mandatario se centra en la insostenibilidad de mantener entidades deficitarias. Según De la Espriella, sostener EPS inviables no solo agrava el «hueco fiscal» del Estado, sino que también contribuye a la escasez de medicamentos y dificulta la asignación de citas con especialistas. “La prioridad inmediata e inaplazable es la de recuperar la atención de los pacientes y corregir el desastre que dejó el régimen que acaba de salir del poder”, sentenció, aludiendo a la gestión anterior.

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Medidas para la depuración del sistema de salud

Para implementar esta reestructuración, el Gobierno ha anunciado una serie de pasos concretos:

  • Auditoría exhaustiva: Se realizará una auditoría a las deudas del sector salud para determinar con precisión cuánto se debe, quién es el acreedor y cómo se procederá al pago a clínicas y hospitales. Esta medida busca clarificar la compleja red de pasivos que ha caracterizado al sistema.
  • Freno a la contratación en el Ministerio de Salud: La decisión coincide con la paralización de nuevos contratos en el Ministerio de Salud, tras detectarse un desfase presupuestal significativo de 2,9 billones de pesos. Adicionalmente, se han presentado denuncias ante la Fiscalía por presuntas irregularidades administrativas, lo que añade una capa de urgencia a las acciones de saneamiento.

Desafíos y contexto de las liquidaciones de EPS en Colombia

El principal reto de esta depuración residirá en la gestión de los afiliados. Históricamente, cada proceso de liquidación de EPS en Colombia ha implicado el traslado masivo de usuarios a las entidades que permanecen operando. Esta reubicación suele generar una sobrecarga en la red asistencial, provocando demoras en tratamientos, especialmente aquellos de alto costo, y un deterioro temporal en la atención.

A pesar de que el Gobierno asegura que la salida de las entidades inviables será «ordenada», gremios hospitalarios y asociaciones de usuarios permanecen expectantes. Esperan conocer los cronogramas detallados y los planes de contingencia específicos que el Ejecutivo implementará para evitar traumatismos y garantizar la continuidad de los servicios de salud esenciales en las salas de urgencias y en los tratamientos crónicos.

Contexto histórico de la reforma y liquidación de EPS

La historia reciente del sistema de salud colombiano, particularmente desde la Ley 100 de 1993, ha estado marcada por la tensión entre la sostenibilidad financiera de las EPS y el acceso universal a la salud. Los sucesivos gobiernos han enfrentado el dilema de cómo garantizar la prestación de servicios sin quebrar el erario público o desmejorar la calidad. El gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, impulsó una reforma de salud ambiciosa y ordenó la liquidación de varias EPS argumentando inviabilidad financiera y mala atención, lo que generó un intenso debate político y social. La acción del gobierno de De la Espriella, aunque cambia la narrativa, retoma el camino de las liquidaciones como una herramienta para reestructurar el sistema, evidenciando una constante preocupación por la eficiencia y la cobertura en el complejo entramado de la salud nacional.

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