Coronel del Ejército imputado por recibir $30 millones semanales de disidencias y ELN

La Fiscalía General de la Nación ha puesto bajo el escrutinio de la justicia al coronel del Ejército Nacional, Carlos Didier Pérez Amorocho, imputándole cargos graves que sacuden la institucionalidad militar colombiana. La investigación lo señala de haber pactado millonarios pagos semanales, que ascenderían a 30 millones de pesos, con estructuras armadas ilegales como el Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia (disidencias de las Farc) y el Frente de Guerra Oriental del ELN.

Los elementos materiales probatorios presentados por el ente investigador sugieren que el oficial habría entregado información clasificada sobre operaciones militares. Esto, presuntamente, habría facilitado el transporte de estupefacientes, armamento, municiones y dinero en efectivo para estas organizaciones al margen de la ley en distintas regiones del país.

La Trama de Cohecho y Concierto para Delinquir

Según la Fiscalía, la presunta relación ilícita del coronel Pérez Amorocho se habría gestado en diferentes momentos de su carrera. Uno de los periodos clave señalado es entre enero y mayo de 2026, mientras el oficial se desempeñaba como comandante de una unidad élite con presencia en municipios de Nariño como Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Roberto Payán y Tumaco, además de zonas del Cauca y Valle del Cauca.

En este lapso, la Fiscalía sostiene que el coronel habría recibido 30 millones de pesos por semana. El objetivo de estos pagos sería alertar a la organización sobre los movimientos de la Fuerza Pública, permitiéndoles evadir operativos y consolidar sus actividades ilícitas. Aunque la cifra de 30 millones de pesos semanales es central en la acusación, el ente investigador no ha especificado si los pagos se realizaron cada una de las semanas durante ese periodo, lo que ascendería a unos 120 millones de pesos en un mes.

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Obstrucción de Operaciones Militares en Nariño

Un episodio específico que forma parte de la investigación ocurrió en abril de 2026. La Fiscalía detalla que el oficial habría impedido el avance de tropas hacia un punto estratégico de intervención. Esta acción, presuntamente deliberada, habría permitido a integrantes del Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia escapar en lanchas rápidas. Cuando las unidades militares finalmente ingresaron a la zona, no encontraron las caletas con estupefacientes y armamento que habían sido identificadas previamente, sugiriendo que estos elementos ya habían sido retirados por el grupo ilegal gracias a la alerta recibida.

Vínculos con el ELN en Arauca

La investigación de la Fiscalía también retrotrae la línea de tiempo a 2020. En ese año, cuando Pérez Amorocho era comandante de un batallón con jurisdicción en Puerto Jordán, Arauquita, Arauca, habría recibido un primer pago de 15 millones de pesos. Este dinero, según el ente acusador, habría sido entregado a cambio de reducir la ofensiva militar contra el Frente de Guerra Oriental del ELN. Este hallazgo amplía el alcance de las imputaciones, vinculando al coronel con dos de los principales grupos armados ilegales del país en diferentes momentos y regiones.

Contexto Regional: La Complejidad de Nariño y Arauca

Los departamentos de Nariño y Arauca son epicentros históricos de la confrontación armada y la economía ilegal en Colombia. Nariño, especialmente su costa Pacífica, es uno de los mayores corredores de producción y tráfico de cocaína del mundo. La presencia de disidencias de las Farc como la Segunda Marquetalia, junto a otros grupos armados, se disputa el control territorial para el manejo de cultivos ilícitos, laboratorios de procesamiento y rutas de exportación. La debilidad institucional y la complejidad geográfica facilitan la consolidación de estos grupos, que a menudo buscan infiltrar las fuerzas del orden para asegurar sus operaciones.

Por su parte, Arauca, en la frontera con Venezuela, ha sido tradicionalmente un bastión del ELN. La explotación ilegal de recursos, el contrabando y el tráfico de drogas y armas financian la actividad de este grupo. La permeabilidad de la frontera y la vasta extensión rural convierten a esta región en un desafío constante para la seguridad del Estado. La posibilidad de que miembros de la Fuerza Pública colaboren con estos actores ilegales exacerba la problemática, socavando la confianza ciudadana y dificultando la acción legítima del Estado.

Cargos y Negativa de Aceptación

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Carlos Didier Pérez Amorocho por los delitos de:

Concierto para delinquir agravado.
Cohecho propio.
Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

El coronel no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía, lo que abre el camino a un proceso judicial en el que se deberá determinar su responsabilidad penal. La investigación continúa, y el desarrollo de este caso será crucial para la credibilidad de las instituciones de seguridad en Colombia.