Congreso devuelve Presupuesto 2027 por desfinanciamiento de $30,2 billones

Bogotá, Colombia – Las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República han devuelto el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027, radicado por el saliente Gobierno de Gustavo Petro. La decisión, adoptada este martes, responde a un significativo desfinanciamiento estimado en, al menos, COP 30,2 billones, generando una seria preocupación sobre la sostenibilidad fiscal del país. El actual ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en representación del entrante Gobierno de Abelardo de la Espriella, ha solicitado la devolución para reformular el proyecto y presentarlo nuevamente el 26 de agosto.

Radiografía de una crisis: El desfase fiscal del Presupuesto 2027

El proyecto original, que ascendía a COP 575,7 billones, fue objeto de fuertes críticas por parte de diversas bancadas. El principal señalamiento es la insuficiencia de fondos para cubrir los gastos proyectados, aunque algunas voces, como la del representante Oscar Darío Pérez (Centro Democrático), sugieren que el déficit podría ascender a cerca de COP 69 billones. La preocupación se centra en la opacidad de los «otros recursos de capital», cuyo incremento del 115% entre 2026 y 2027 carece de una justificación clara, según los legisladores.

Durante la sesión parlamentaria, se escucharon posturas encontradas que reflejan la polarización política del país. Congresistas como Carlos Meisel (Centro Democrático) y David Barguil (Partido Conservador) defendieron la devolución del presupuesto, argumentando la necesidad de un documento «sano» para evitar riesgos ante las calificadoras internacionales. Por su parte, Deisy Osorio (Pacto Histórico) cuestionó de dónde provendrían los recortes, dado que el 90% del presupuesto se considera «inflexible».

La herencia económica y el ajuste pendiente

Miguel Gómez, en su intervención, expuso un panorama fiscal complejo, describiendo la situación actual como la «peor crisis económica que recuerde la historia de Colombia». Atribuyó el escenario a las «gravísimas condiciones fiscales heredadas» del anterior Gobierno, señalando que el PGN 2027 presenta un gasto excesivo en funcionamiento (COP 367,7 billones) y servicio de la deuda (COP 118 billones), mientras que la inversión es «paupérrima» (COP 89,9 billones).

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El ministro Gómez subrayó que el proyecto excede en COP 19,1 billones el Marco Fiscal de Mediano Plazo, contraviniendo la Ley 819 de 2003. «El presupuesto es inconsistente, fue hecho a la carrera y no respeta las normas básicas del PGN. Es una chambonada», declaró, proyectando un déficit fiscal de entre 7,5% y 7,8% del PIB y un déficit comercial de USD 16.700 millones.

Gastos de funcionamiento: COP 367,7 billones
Servicio de la deuda: COP 118 billones
Inversión: COP 89,9 billones
Déficit proyectado por desfinanciamiento: COP 30,2 billones (mínimo)
Aumento del presupuesto frente a 2026: 3,6% (impulsado por costo de la deuda)

Por otro lado, la representante María del Mar Pizarro (Pacto Histórico) rebatió las afirmaciones del ministro, responsabilizando a la «herencia» del Gobierno Duque por la situación fiscal, incluyendo el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (más de COP 70 billones) y las deudas de la pandemia. Gómez, sin embargo, insistió en que el proyecto contemplaba ingresos adicionales por COP 30,2 billones, pero la reforma tributaria solo recaudaría COP 21,9 billones, dejando un desfase de COP 8 billones.

Advertencias de los organismos de control

La situación fiscal ha encendido las alarmas de instituciones clave. Hernando Vargas, gerente encargado del Banco de la República, reiteró las advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) sobre un posible mayor gasto público y la necesidad de medidas adicionales de ajuste (aumento de ingresos o reducción de gastos por 3,7% del PIB) para cumplir las metas de déficit primario. Vargas también destacó el riesgo que representa la aplicación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) sin una ley de competencias clara.

Jenny Lindo, delegada de la Contraloría General de la República, advirtió sobre la vulneración de los principios de sostenibilidad fiscal y coherencia macroeconómica. La Contraloría señaló inconsistencias con el Plan Financiero y el Marco Fiscal, particularmente el crecimiento «desbordado» del 115% en «otros recursos de capital» sin soportes claros. Además, alertó sobre reducciones significativas en sectores clave como medio ambiente (-44%) y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (-88%).

Contexto político y económico de Colombia

Este episodio legislativo no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un periodo de particular tensión política y desafíos económicos en Colombia. El cambio de Gobierno, con la inminente llegada de la administración de Abelardo de la Espriella, tras la gestión de Gustavo Petro, ha generado expectativas y controversias sobre el rumbo del país. La discusión presupuestaria se convierte así en un campo de batalla para las visiones económicas de las diferentes fuerzas políticas. La herencia fiscal, marcada por el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y el impacto de la pandemia, se suma a la necesidad de financiar ambiciosos programas sociales y de infraestructura, en un entorno de alta inflación y elevadas tasas de interés.

La capacidad del nuevo Gobierno para presentar un presupuesto que satisfaga las demandas del Congreso y las necesidades del país, sin comprometer la estabilidad macroeconómica, será una de sus primeras y más importantes pruebas. La negociación y el consenso serán cruciales para evitar que la incertidumbre fiscal se traduzca en desconfianza de los mercados y afecte la recuperación económica.