Conflicto en Chocó: más de 1.300 afectados por combates ELN y Clan del Golfo

Quibdó, Chocó – La escalada del conflicto armado en la subregión del San Juan, Chocó, ha sumido a sus comunidades étnicas en una profunda crisis humanitaria. La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta crítica, revelando que los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo han provocado el desplazamiento y confinamiento de al menos 1.366 personas en los municipios de Sipí y Nóvita. La gravedad de la situación se acentuó con el uso de artefactos aéreos no tripulados (drones) cargados con explosivos, una táctica que agrava el terror y las afectaciones en la población civil.

Radiografía de una crisis incesante en el San Juan

El organismo defensor de derechos humanos detalla que los municipios de Sipí y Nóvita, habitados principalmente por comunidades afrodescendientes e indígenas Emberá, son el epicentro de esta violencia. Desde el pasado 10 de agosto, la presencia del Clan del Golfo en la comunidad de San Agustín (Sipí) restringió actividades esenciales como la agricultura, la pesca y la tala, impactando directamente el sustento y las prácticas ancestrales de los pobladores.

La tensión se intensificó el 19 de agosto, cuando la Defensoría verificó el riesgo inminente de desplazamiento forzado y confinamiento. Como resultado de los combates, seis comunidades étnicas han visto a 405 familias (equivalentes a 1.366 personas) obligadas a buscar refugio en la comunidad de Barranco y el municipio de Istmina, despojadas de sus hogares y medios de vida.

Ataque con drones: una nueva dimensión de la violencia

Un punto de inflexión se registró el 23 de agosto con un ataque perpetrado mediante un dron cargado de explosivos improvisados, dejando a tres personas heridas (dos hombres y una mujer). Este incidente desató una segunda ola de desplazamientos, con 90 familias (118 personas) buscando seguridad en Barranco, Charco Largo y Charco Hondo. Sin embargo, estas comunidades ya se encontraban confinadas, limitadas en su movilidad y bajo la constante amenaza de los grupos armados.

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La Defensoría del Pueblo ha manifestado su profunda preocupación, advirtiendo sobre el temor de estas 1.339 personas a una posible contaminación de sus territorios con artefactos explosivos, una consecuencia directa del uso de drones en el conflicto.

Contexto del conflicto en el Chocó: una disputa histórica y persistente

El Chocó, y particularmente la subregión del San Juan, ha sido históricamente un territorio estratégico para los grupos armados debido a su riqueza en recursos naturales (minería ilegal, maderas) y su posición geográfica privilegiada para el narcotráfico, con salidas al Pacífico. Las comunidades afrodescendientes e indígenas, con fuertes lazos culturales y territoriales, han sido las principales víctimas de esta confrontación por el control territorial y las economías ilícitas. La fragilidad institucional, la limitada presencia del Estado y la persistencia de brechas sociales han creado un caldo de cultivo para la expansión y consolidación de actores armados post-desmovilización de las FARC, como el Clan del Golfo, y la histórica presencia del ELN. Esta dinámica no es reciente; la Defensoría ya había alertado sobre los riesgos en esta zona con la Alerta Temprana 012 de 2022, un patrón que se repite en otras zonas del país donde la «paz total» del gobierno actual no ha logrado desescalar la violencia, sino que, en algunos casos, ha generado reacomodos y recrudecimiento de la confrontación por el dominio de territorios y rentas ilegales.

Llamados urgentes y demandas humanitarias

Ante la crítica situación, la Defensoría del Pueblo ha elevado un triple llamado a los diferentes actores:

A los grupos armados ilegales:

Respetar estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Garantizar los principios de distinción, precaución y protección de la población civil.

A las autoridades municipales, departamentales y nacionales:

Garantizar condiciones seguras para el desplazamiento de las personas afectadas.
Activar de manera inmediata las rutas de atención humanitaria.
Mantener un monitoreo permanente para prevenir nuevos desplazamientos y confinamientos.

Activación de la respuesta humanitaria:

Priorizar la atención a niños, niñas, adultos mayores y población étnica.
Implementar medidas para prevenir futuros desplazamientos.
Realizar una misión interinstitucional de verificación y evaluación de necesidades en la zona.

La situación en el Chocó exige una respuesta coordinada y efectiva para mitigar el impacto devastador de un conflicto que continúa cobrando su cuota más alta entre los civiles, quienes claman por la protección de sus vidas y territorios.