Condenan a 20 años a militares por tortura y homicidio de campesino en Antioquia

Cinco militares pertenecientes al Ejército Nacional han sido condenados a 20 años y 2 meses de prisión, tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, por su implicación directa en la tortura, homicidio y desaparición forzada agravada de Esneider Flórez Manco. El campesino, de 27 años y con discapacidad cognitiva, fue víctima de estos hechos el 7 de octubre de 2025 en una base militar ubicada en el municipio de Frontino, Occidente de Antioquia.

Detalles de la condena y los implicados

Los uniformados que aceptaron su responsabilidad y recibieron la mencionada pena son el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández. La decisión judicial fue ratificada por un juez de conocimiento, tras la validación del preacuerdo alcanzado con el ente acusador.

Este caso pone de manifiesto la grave violación a los derechos humanos y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la institución armada, especialmente cuando la víctima presentaba una condición de vulnerabilidad reconocida.

La brutalidad de los hechos: tortura y asesinato

La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía Seccional Antioquia, reveló que Esneider Flórez Manco fue retenido en las instalaciones militares bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Durante aproximadamente cinco horas, el joven fue sometido a una serie de actos de tortura extrema:

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Golpes contundentes.
Maniobras de asfixia y sofocamiento.
Fue desnudado, amarrado y suspendido de un árbol.

El fiscal encargado del caso detalló durante las audiencias que los agresores, ante la ausencia de «respuestas coherentes» por parte de la víctima —debido a su discapacidad cognitiva—, «lo sometieron a una serie de tratos crueles, le infligieron dolores y sufrimientos físicos y psíquicos, con el fin de obtener de la víctima información o confesión de ser presunto integrante de un grupo armado organizado».

Las labores de policía judicial, efectuadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), confirmaron que el campesino falleció en un baño de la base militar a causa de las agresiones sufridas. El ensañamiento no terminó con su muerte. Posteriormente, el cuerpo de Flórez Manco fue envuelto en una hamaca, transportado a un helipuerto y arrojado al río El Cerro en un intento por desaparecer la evidencia. Su cuerpo fue recuperado tres semanas después y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dictaminó que la causa de la muerte correspondería efectivamente a los actos de tortura padecidos.

Contexto de impunidad y justicia en el Occidente antioqueño

La región del Occidente antioqueño, donde se ubica Frontino, ha sido históricamente un escenario complejo de conflicto armado y disputas territoriales entre diversos actores armados ilegales y la fuerza pública. Comunidades campesinas como la de Flórez Manco a menudo se encuentran atrapadas en medio de esta confrontación, siendo víctimas recurrentes de señalamientos, presiones y, como lo demuestra este caso, de graves violaciones a sus derechos humanos. La presencia de grupos armados ilegales en la zona, dedicados a actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico, genera una constante tensión que, en ocasiones, deriva en acciones extralimitadas por parte de quienes deberían garantizar la seguridad y el respeto por la ley. Este tipo de condenas, aunque tardías, representan un avance en la lucha contra la impunidad y buscan restaurar la confianza en las instituciones para las poblaciones más vulnerables.

Investigaciones y procesos pendientes

Cabe destacar que, por este mismo incidente, el entonces comandante de la base militar, teniente Leider Ortiz Ortiz, ya había sido condenado previamente a 20 años y 3 meses de prisión, también mediante un preacuerdo. Este hecho subraya la cadena de mando y la responsabilidad que alcanzaba a oficiales de mayor rango.

Adicionalmente, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes continúan vinculados al proceso penal. Permanecen privados de la libertad mientras avanza el juicio en su contra, lo que indica que la Fiscalía sigue profundizando en la investigación para determinar todas las responsabilidades en este caso de lesa humanidad.

Este suceso resalta la importancia de la supervisión interna dentro de las fuerzas armadas y la necesidad de mecanismos efectivos de control para prevenir y sancionar los abusos de autoridad, especialmente cuando se trata de la población civil y, aún más, de individuos en situación de vulnerabilidad.