Colombia Lidera Trágica Lista Mundial de Asesinatos a Líderes Ambientales en 2025

Bogotá, Colombia – Un reciente informe de la ONG Global Witness ha revelado una alarmante realidad: Colombia se mantuvo, por cuarto año consecutivo, como el país más peligroso para los defensores del territorio y el medio ambiente durante el año 2025. Con al menos 39 personas asesinadas, el país concentró el 31% de las 124 víctimas registradas a nivel mundial, una estadística que resalta la profunda crisis de seguridad que enfrentan estos líderes.

La región amazónica colombiana se vio particularmente afectada por esta ola de violencia. Tres de los líderes asesinados provenían de Putumayo: Juan Carlos Rodríguez, Leonairo Samir Montero Paz y Wilmer Solarte Pascal. Sus muertes no solo representan una pérdida irreparable para sus comunidades, sino que también exponen la complejidad de los conflictos territoriales y la persistente presencia de grupos armados ilegales en zonas de alto valor ambiental.

La Trágica Cifra en Putumayo: Perfil de las Víctimas

El Putumayo, un departamento que encarna la riqueza natural y la vulnerabilidad de la Amazonía colombiana, fue escenario de crímenes que reflejan la sistemática persecución a los líderes ambientales. Cada caso ilustra la precariedad de la labor de quienes defienden sus territorios:

Leonairo Samir Montero Paz: Gobernador indígena de la comunidad Kwe’sx Tata Wala, fue asesinado con arma de fuego el 9 de febrero en la vereda Planadas de Puerto Asís. Su muerte ocurrió en un contexto de intensa disputa territorial entre facciones disidentes de las Farc, como el Frente Carolina Ramírez de «Mordisco» y el Frente Raúl Reyes de «Calarcá», además de otros grupos criminales locales.
Wilmer Solarte Pascal: Miembro del pueblo awá, fue interceptado y asesinado a tiros el 24 de marzo de 2025 en San Miguel. Al igual que en el caso de Montero, su homicidio se enmarca en un escenario de alta presencia de actores armados ilegales que pugnan por el control de la zona.
Juan Carlos Rodríguez: Líder comunal y campesino, fue víctima de una masacre el 1 de mayo de 2025 en Ocaña. Rodríguez era el fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Circasia, Inspección de El Cedral, y representante de los cultivadores de chontaduro de San Isidro. Su labor lo puso en la mira de las disidencias de «Calarcá» y «Mordisco», activas en la zona.

Contexto de Violencia en el Suroccidente Colombiano

La violencia que azota a Putumayo y Nariño se ve exacerbada por las economías ilegales. La minería ilegal y los cultivos de coca actúan como motores de la confrontación, financiando a grupos armados y generando una degradación ambiental severa. Estas actividades ilícitas no solo contaminan fuentes hídricas esenciales y destruyen ecosistemas, sino que también provocan el desplazamiento forzado de comunidades enteras, alterando el tejido social y la gobernanza territorial.

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Aunque Putumayo registra casos críticos, el Cauca continúa siendo el epicentro de esta violencia. Global Witness documentó 15 de los 39 asesinatos de defensores en este departamento, incluyendo a 4 guardias indígenas. Desde 2012, el Cauca acumula la cifra más alta del país, con 171 casos registrados. En esta región opera el Bloque Occidental Jacobo Arenas, la estructura más poderosa de las disidencias de «Iván Mordisco», responsable de brutales y recurrentes oleadas de violencia, incluyendo ataques con explosivos, carros bomba y amenazas a las comunidades.

Factores Transversales y Repercusiones Globales

El informe de Global Witness señala que 35 de las 39 muertes estuvieron ligadas a conflictos por la tierra, afectando desproporcionadamente a poblaciones indígenas (20 casos) y campesinas (15 casos). Gran parte de estos crímenes (17) se atribuyen al crimen organizado, particularmente a grupos surgidos tras los Acuerdos de Paz con las FARC, y otros cinco a sicarios. La desmovilización parcial de las FARC dejó un vacío de poder que fue rápidamente llenado por nuevas estructuras armadas, que ahora disputan el control de rentas ilegales y territorios estratégicos.

La situación en Colombia no es un hecho aislado. Latinoamérica es la región más letal para defensores ambientales, concentrando el 85% de los asesinatos globales en 2025 (105 de 124). De los 10 países más violentos del mundo en este ámbito, ocho son latinoamericanos, y Colombia y Brasil suman el 52% de los casos. A nivel mundial, más de las tres cuartas partes de las víctimas eran campesinas, indígenas o afrodescendientes, reflejando una vulnerabilidad estructural de estas poblaciones cuyos territorios son ricos en recursos naturales y actúan como sumideros de carbono vitales para la estabilidad climática global.

Recomendaciones y Desafíos

El informe subraya la urgencia de que el gobierno colombiano firme y aplique la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos, adoptada mediante el Decreto 1028 de 2026. Esta política busca un enfoque preventivo y integral en la protección de los defensores. Sin embargo, su implementación efectiva enfrenta desafíos significativos, incluyendo la financiación.

A nivel internacional, se ha observado una reducción del 23% en la ayuda al desarrollo global en 2025, la mayor caída anual registrada. La falta de financiación, como los recortes a organizaciones de derechos humanos como USAID y la reducción de contribuciones a Naciones Unidas, ha debilitado la capacidad de respuesta y protección. En Colombia, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos despidió a casi la mitad de su personal en 2025 debido a recortes presupuestarios, mermando aún más su capacidad de monitoreo y apoyo.

El asesinato de un líder ambiental no es solo la pérdida de una vida, sino el silenciamiento de una comunidad y la impunidad de un crimen. La Amazonía, en particular, se ha convertido en un foco de crímenes ambientales donde el crimen organizado ha diversificado sus actividades más allá del narcotráfico, incluyendo la tala ilegal, el acaparamiento de tierras y la minería de oro ilegal. Estas redes en expansión alimentan el conflicto y la inseguridad, ejerciendo una presión insostenible sobre los bosques y sus protectores.