Colombia: la paradoja de su riqueza sin explotar, más allá del PIB

Colombia se encuentra ante una paradoja económica: a pesar de poseer una riqueza patrimonial considerable, su desarrollo se ve obstaculizado por una administración ineficiente de estos activos. El debate sobre si el país es «rico, pero mal administrado» o «realmente pobre» adquiere una nueva dimensión con la publicación del informe «La riqueza cambiante de las naciones 2024» del Banco Mundial, que sugiere una reevaluación del concepto de riqueza nacional más allá del Producto Interno Bruto (PIB).

La visión ampliada de la riqueza nacional

Tradicionalmente, el PIB ha sido la métrica principal para medir la salud económica de una nación. Sin embargo, este indicador se centra en la producción de un período determinado, sin reflejar si esta producción expande o reduce las oportunidades futuras. Diego Dorado, exsubdirector General Territorial del Departamento Nacional de Planeación, subraya la importancia de mirar el patrimonio que sustenta la capacidad productiva del país.

Este patrimonio incluye:

El capital humano (educación, habilidades).
La infraestructura (edificios, maquinaria, vías).
Los recursos naturales (bosques, agua, suelos, minerales, ecosistemas).
Los activos financieros.

La analogía de una persona con un salario modesto pero un patrimonio valioso y mal administrado ilustra la situación colombiana. El país posee una base natural excepcional, una infraestructura acumulada por décadas, empresas públicas, activos financieros y una extensa propiedad inmobiliaria que, en gran medida, no se traduce en el desarrollo esperado.

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El mar colombiano: un ejemplo de riqueza desaprovechada

Un caso revelador de esta gestión ineficiente es el territorio marítimo colombiano. Con casi la mitad de su área total en el mar (920.000 km² frente a 1 millón de km² continentales), el aporte de esta vasta extensión al PIB es inferior al 2%. Mientras que un kilómetro cuadrado continental genera aproximadamente 1.470 millones de pesos anuales, uno marítimo apenas produce unos 33 millones de pesos. Esta disparidad, que supera 40 veces, sugiere una profunda falta de aprovechamiento y no una ausencia de riqueza.

El dilema de los activos estatales

La discusión económica en Colombia a menudo se centra en los flujos: recaudación tributaria, gasto público, déficit fiscal y crecimiento de la deuda. Sin embargo, se presta menos atención al «stock»: los activos que pertenecen a los colombianos, su valor, estado y los beneficios económicos, sociales y ambientales que podrían generar.

Las propias cuentas públicas evidencian esta desatención. A finales de 2025, la Contaduría General de la Nación registró activos consolidados a nivel nacional por 978,5 billones de pesos, equivalentes al 52,8% del PIB. De estos, 204,7 billones correspondían a propiedades, planta y equipo, y 127,1 billones a bienes de uso público, históricos y culturales.

Más preocupante aún es el estado operativo de una porción significativa de este patrimonio. La Contaduría identificó 19,7 billones de pesos en propiedades, planta y equipo clasificadas en condiciones distintas a «en servicio» o «en uso». Esto incluye 3,1 billones en activos no explotados, 3,7 billones en mantenimiento y 1,8 billones en bodega. Si bien no todos estos bienes deben generar una renta financiera (algunos prestan servicios públicos o respaldan funciones estratégicas), las cifras indican que la gestión de los activos estatales es un asunto de magnitud comparable a las reformas fiscales recientes.

El desafío del patrimonio inmobiliario municipal

La situación es aún más compleja a nivel territorial. El Sistema de Información y Gestión de Activos (Siga) de mayo de 2025 registra más de 177 mil inmuebles, incluyendo lotes, edificaciones y fincas. No obstante, este inventario es incompleto; carece de valoraciones actualizadas, estado físico, vocación, ocupación, rentabilidad o costo de mantenimiento para muchos de los bienes. La debilidad institucional se manifiesta en la incapacidad del país para cuantificar con precisión el patrimonio inmobiliario municipal y su valor productivo.

Un modelo de productividad patrimonial sugiere que, para los bienes inmobiliarios registrados y valorados en aproximadamente 91,6 billones de pesos, la productividad anual implícita es de solo el 1,1%. Si se considera un retorno moderado del 5%, la diferencia podría ascender a 3,6 billones de pesos anuales. Este potencial no significa dinero que los alcaldes puedan recaudar inmediatamente, ya que muchos activos públicos como escuelas u hospitales generan valor público sin rentabilidad financiera directa. Sin embargo, el problema surge cuando el Estado:

Desconoce el activo.
No ha saneado su propiedad.
Lo mantiene vacío.
Lo arrienda por debajo del valor de mercado.
Permite su ocupación irregular.
Conserva un uso que ya no responde a ninguna finalidad pública identificable.

Contexto socioeconómico y político en Colombia

Esta problemática de la gestión de activos públicos y la paradoja de la riqueza desaprovechada se inserta en un contexto socioeconómico y político particular en Colombia. A pesar de ser un país con una vasta biodiversidad, recursos hídricos significativos, y una posición estratégica en América Latina, las cifras de pobreza (tres de cada diez colombianos), la persistencia de un alto porcentaje de empleo informal, y la dependencia de numerosos municipios de las transferencias nacionales, dibujan un panorama de grandes desafíos. La discusión sobre el patrimonio nacional no es ajena a la agenda de gobierno actual, que ha puesto énfasis en la soberanía alimentaria y la explotación sostenible de los recursos naturales. La incapacidad de convertir estos activos en desarrollo efectivo agrava las desigualdades regionales y frena el progreso social, evidenciando que el reto no es solo la generación de riqueza, sino su correcta administración y distribución en un país que históricamente ha luchado con la centralización de poder y recursos.