La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) ha instado a la Alcaldía de Buenaventura a suspender el cobro de un «precio público por circulación» dirigido a los vehículos de carga. Este gravamen, establecido en el Decreto Distrital 0338 de 2026, implica una tarifa de $4.235 por cada tonelada transportada con destino u origen en las terminales portuarias del Distrito.
Según el cálculo de Colfecar, un tractocamión que movilice 30 toneladas de carga se vería obligado a pagar aproximadamente $127.050 adicionales por cada operación.
Cuestionamientos a la medida y sus fundamentos
Colfecar considera que la aplicación del nuevo cobro debe ser revisada antes de su implementación. El gremio argumenta que el corredor Cali-Buenaventura ya presenta desafíos significativos en términos de congestión vehicular, deficiencias en la infraestructura vial y extensos tiempos de espera. Además, cuestiona el sustento técnico utilizado por la Alcaldía para determinar la tarifa y ha solicitado acceso al estudio de movilidad de 2024 en el cual se basa la administración distrital.
El decreto distrital establece que los fondos recaudados por este concepto se destinarán exclusivamente a:
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- Mantenimiento y reparación de la red vial.
- Proyectos de movilidad sostenible en Buenaventura.
La Alcaldía justifica la medida al señalar el deterioro de las vías urbanas debido al incremento del tráfico de carga y la insuficiencia del presupuesto distrital para cubrir los costos de mantenimiento y reparación asociados a este desgaste. Proyectan, además, que el tránsito de vehículos pesados podría alcanzar cerca de 10.000 camiones diarios en los próximos 30 años.
El cobro se aplicará considerando el peso de la carga registrado en las entradas y salidas de las terminales portuarias. Se contemplan algunas excepciones, incluyendo vehículos de seguridad nacional, aquellos destinados a ayuda humanitaria y operaciones de transbordo que no utilicen las vías públicas.
Preocupaciones del gremio y alternativas propuestas
Aunque Colfecar reconoce la facultad legal para establecer este tipo de cobros, insiste en que deben estar fundamentados en estudios técnicos rigurosos y ser proporcionales. El gremio ha solicitado una explicación detallada sobre cómo se calculó la tarifa de $4.235 por tonelada y cuál es la relación entre el peso de la carga y los problemas de congestión que la medida busca mitigar.
Los transportadores, según Colfecar, ya enfrentan un incremento en los costos operativos debido al alza del diésel, los peajes y los salarios. A esto se suman problemas de seguridad y bloqueos en la vía Cali-Buenaventura, que han generado filas de hasta 25 kilómetros y esperas de hasta ocho horas para acceder o salir del puerto. Esta situación, advierte el gremio, ha llevado a algunas empresas a considerar trasladar sus operaciones a puertos de la costa Atlántica.
En lugar del nuevo cobro, Colfecar propone que la Alcaldía apoye al Gobierno nacional en las obras de las unidades funcionales 2, 3 y 4 de la concesión, cuyo inicio ya fue anunciado con la puesta a punto de 3,5 kilómetros y la construcción de 6,5 kilómetros de segunda calzada en la vía alterna. El gremio ha solicitado la suspensión de la implementación y el recaudo del decreto mientras se lleva a cabo una revisión técnica, jurídica y económica de la medida en el marco de la Mesa Institucional de Concertación, instancia que ya ha sido aceptada por la administración distrital. Colfecar concluyó que «Colombia necesita reducir sus costos logísticos, no crear nuevos».
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