El partido Centro Democrático tiene previsto radicar ante el Congreso de la República un proyecto de ley denominado contrarreforma pensional, cuyo propósito central consiste en transformar de manera profunda varios ejes establecidos en el modelo que promovió la administración del presidente Gustavo Petro y que recibió el aval de la Corte Constitucional.
La redacción del documento legislativo cuenta con el liderazgo principal de la senadora Claudia Margarita Zuleta, acompañada por los senadores Andrés Forero y Zandra Bernal.
Libre elección de administradora y traslados
La iniciativa legislativa plantea una modificación sustancial al umbral de aportes. Frente al esquema vigente, donde los ingresos equivalentes a un máximo de 2,3 salarios mínimos ingresan de forma mandatoria al esquema público, la propuesta busca que los afiliados elijan autónomamente si canalizan sus recursos entre 1 y 2,3 salarios mínimos hacia Colpensiones o con destino a las entidades privadas.
De acuerdo con un parágrafo transitorio del artículo 4 del articulado:
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Las pautas de movilidad entre entidades contemplan además:
- Posibilidad de efectuar traslados entre Colpensiones y el sector privado en periodos de cinco años, sin restricciones de edad y mediando doble asesoría obligatoria.
- Cambios permitidos entre firmas privadas cada seis meses.
- Elección libre para los cotizantes que actualmente permanecen en Colpensiones y no forman parte del régimen de transición.
- Un plazo de seis meses para que los trabajadores con ingresos por encima de los 2,3 salarios mínimos elijan entidad para dicho excedente, con asignación al azar si omiten el trámite.
Opciones ante el incumplimiento de semanas y garantías
El articulado modifica las condiciones para quienes acumulan aportes pero no alcanzan las exigencias para jubilarse. En contraposición a la normativa previa —que tras 300 semanas impedía retirar el dinero y asignaba un monto periódico vitalicio potencialmente inferior al salario mínimo—, el nuevo texto faculta a las personas para reclamar la totalidad de su capital ahorrado junto con sus rendimientos, optar por indemnización sustitutiva o solicitar una mensualidad vitalicia.
Al respecto, un numeral del artículo 5 estipula:
«Las personas que cotizan en el Pilar Contributivo, que a la edad de pensión no logran cumplir con los requisitos para el reconocimiento de su Pensión Integral de Vejez, podrán optar por acceder a una prestación anticipada, devolución de saldos, una indemnización sustitutiva, un beneficio económico periódico o una pensión familiar, de conformidad con lo establecido en esta ley».
Custodia de recursos y respaldo estatal
El articulado fija que los saldos conformarán un patrimonio autónomo perteneciente a los aportantes, separado de los activos de las compañías administradoras. Estas instituciones quedarán forzadas a efectuar inversiones que persigan el mayor monto pensional factible, reduciendo la exposición al riesgo a medida que el cotizante se aproxima al retiro laboral.
Respecto a la responsabilidad pública, el artículo 8 determina:
«El Estado es el garante final de todas las pensiones, en particular cuando circunstancias ajenas a la gestión de las administradoras pongan en riesgo la financiación de las mismas. Cuando las entidades administradoras incumplan con sus obligaciones, en los términos de la presente ley, el Estado revertirá contra el patrimonio de las entidades administradoras y aplicará las sanciones pertinentes por incumplimiento, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional».
Finalmente, la propuesta de la bancada opositora no incluyó la supresión de Colpensiones, alternativa que en el pasado había manifestado el expresidente Álvaro Uribe. La presentación oficial del documento en el legislativo se producirá durante la presente semana, a la espera del pronunciamiento del Ejecutivo sobre su respaldo, luego de que el actual mandatario Abelardo De La Espriella planteara en campaña electoral revisiones a la estructura pensional instituida en el periodo precedente.
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