La campaña vicepresidencial del jurista Abelardo de la Espriella, encabezada por José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, ha encendido el debate público en Colombia al proponer la eliminación del llamado impuesto saludable. Esta medida, que grava las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, ha sido calificada por Restrepo como "puramente ideológica" y una afrenta a la libertad de consumo, confrontando directamente las posturas de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, quienes defienden su pertinencia y eficacia.

La controversia surge en un momento crucial para la salud pública y las finanzas del país, donde la prevalencia de sobrepeso y obesidad alcanza al 56,5% de la población adulta, impactando de manera desproporcionada a la niñez y adolescencia. La eliminación de este tributo podría tener implicaciones significativas no solo en los hábitos de consumo de los colombianos, sino también en el recaudo estatal y la capacidad para financiar programas sociales de vital importancia.

El Argumento de la Ideología Frente a la Evidencia

José Manuel Restrepo ha manifestado públicamente su intención de derogar los impuestos creados por la Ley 2277 de 2022, argumentando que no es función del Estado dictar los hábitos de consumo de sus ciudadanos a través de gravámenes. "Vamos a eliminar ese impuesto saludable que muy poco tiene de saludable. ¿Quién dijo que un impuesto es el mecanismo a través del cual usted define el consumo de una persona?", declaró Restrepo, fijando la posición de su fórmula en este aspecto.

Esta postura colisiona con el consenso global de expertos en salud. La OMS y UNICEF han sido enfáticos en señalar que la regulación del mercado de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas es una medida efectiva y necesaria para salvaguardar la salud pública, especialmente la de los niños, niñas y adolescentes. Para estos organismos, los impuestos saludables cumplen una función esencial en la prevención de enfermedades no transmisibles (ENT) y en la promoción de hábitos alimenticios más sanos.

Impacto del Impuesto Saludable en Colombia

Desde su implementación, el impuesto saludable ha generado un debate constante sobre su impacto socioeconómico. Sin embargo, datos recientes presentados por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y otras organizaciones revelan que la medida ha logrado:

  • Reducción del consumo: Entre 2022 y 2024, el consumo diario de bebidas azucaradas disminuyó significativamente. En jóvenes de 12 a 28 años, pasó del 24,6% al 22,6%. La reducción fue aún más drástica en adultos de 29 a 44 años, cayendo del 24,9% al 19,2%.
  • Protección a poblaciones vulnerables: La disminución más notable en el consumo se observó en los hogares de menores ingresos, contradiciendo la crítica inicial de que el impuesto sería regresivo. Esto sugiere que la medida ha actuado como una herramienta de protección para las poblaciones más susceptibles a los efectos negativos de una dieta deficiente.
  • Recaudo fiscal significativo: A mayo de 2025, el impuesto saludable ha recaudado 1,6 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 23% respecto al año anterior. Estos recursos son fundamentales para las arcas del Estado, pudiendo ser reinvertidos en sectores clave como la salud, la educación o la infraestructura.

Los organismos internacionales sostienen que estos gravámenes cumplen cinco objetivos fundamentales:

  • Desincentivar el consumo de sustancias consideradas nocivas y promover el acceso a opciones más saludables como el agua potable.
  • Modificar las normas sociales hacia hábitos más nutritivos y dignos.
  • Reducir la incidencia de enfermedades no transmisibles, como diabetes e hipertensión, especialmente en menores.
  • Generar recursos públicos que puedan ser destinados a mejorar el bienestar social.

Contexto Regional y Nacional: Un Debate Profundo

La discusión sobre el impuesto saludable se inserta en un contexto más amplio de debate sobre la salud pública y la justicia social en Colombia, un país con profundas brechas económicas y sociales. La prevalencia de enfermedades relacionadas con la dieta no saludable, como la diabetes tipo II y las enfermedades cardiovasculares, genera una carga significativa en el sistema de salud, afectando desproporcionadamente a las comunidades con menores recursos.

En regiones como el Valle del Cauca o el suroccidente del país, el acceso a una alimentación nutritiva y a servicios de salud de calidad son retos persistentes. Muchas veces, las opciones más económicas y accesibles son precisamente los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, lo que profundiza el ciclo de pobreza y enfermedad. La eliminación de un impuesto que ha demostrado reducir el consumo de estos productos en dichas poblaciones podría revertir los avances logrados y agudizar las crisis de salud existentes.

La propuesta de Restrepo, por tanto, no es solo una cuestión económica o de libertad individual, sino que toca fibras sensibles relacionadas con los derechos fundamentales a la salud y a la alimentación nutritiva, así como con la responsabilidad del Estado en garantizar el bienestar de sus ciudadanos. La reinversión de los 1,6 billones de pesos recaudados por este impuesto, por ejemplo, podría ser crucial para fortalecer la infraestructura sanitaria en áreas marginadas o para programas de educación nutricional, contribuyendo a saldar deudas históricas con los territorios más olvidados de Colombia.

El debate, por supuesto, continuará. Mientras la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella argumenta en contra de lo que considera una intromisión estatal en la libertad de consumo, la evidencia y los organismos internacionales instan a mantener un tributo que ha demostrado ser una herramienta efectiva para la salud pública y el desarrollo social en Colombia.