Un despliegue militar internacional concluyó con el decomiso de más de 16 toneladas de sustancias ilícitas en las costas del Pacífico colombiano. El operativo, denominado Operación Tridente, fue ejecutado por la Armada Nacional mediante la Fuerza Naval del Pacífico, en articulación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos (JIATFS), bajo la iniciativa hemisférica de seguridad Escudo de las Américas.

Las labores operativas se desarrollaron entre el 8 y el 29 de octubre de 2026, combinando recursos de superficie, soporte aeronaval y unidades de la Infantería de Marina. Esta sinergia permitió bloquear las líneas de comunicación marítimas y fluviales empleadas por el crimen organizado transnacional.

Volumen del cargamento e insumos decomisados

Durante la intervención, las autoridades contabilizaron aproximadamente 16.420 kilogramos de narcóticos ilegales, clasificados de la siguiente manera:

  • Clorhidrato de cocaína: 9.993 kilogramos.
  • Marihuana: 6.426,7 kilogramos.

De forma paralela, las fuerzas navales desmantelaron 37 instalaciones clandestinas destinadas a la elaboración de pasta base de coca. Al interior de estos laboratorios se descubrieron 13.082 galones de materias primas líquidas y 1.876 kilogramos de precursores sólidos requeridos en los procesos químicos de elaboración.

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Resultados de las maniobras tácticas

El balance operativo de la misión incluyó la ejecución de seis procedimientos de interdicción en el mar, la inmovilización de seis embarcaciones, el allanamiento de tres sectores de almacenamiento de cargamentos y tres maniobras de ataque desarrolladas por las tropas de la Infantería de Marina. Por estos hechos, las autoridades arrestaron a 20 personas supuestamente vinculadas a redes de tráfico de narcóticos.

Impacto en la salud pública y pérdidas financieras

El retiro de estas sustancias representó un quebranto económico superior a los 530 millones de dólares para las mafias dedicadas a este negocio ilícito. De acuerdo con los balances oficiales, la retención de estos estupefacientes impidió la distribución de alrededor de 26 millones de dosis en los mercados ilegales.

A nivel sanitario, los reportes estimaron que el corte del tráfico evitó cerca de 10.000 atenciones médicas de urgencia, el desarrollo de 5.000 casos nuevos de adicción y cerca de 100 decesos causados por sobredosis. Además, se calculó una disminución en gastos hospitalarios vinculados a estas sustancias de 6,5 millones de dólares para los organismos de salud.

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