Cabal insta al Esmad en universidades tras plan de De la Espriella

Bogotá, Colombia – La exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal ha generado controversia al respaldar enfáticamente la iniciativa del presidente Abelardo de la Espriella, quien anunció un protocolo que permitiría la intervención de la Fuerza Pública en las universidades colombianas. Cabal fue más allá, declarando que la autonomía universitaria ha sido históricamente un pretexto para la «colonización» por parte de grupos guerrilleros y la proliferación de actividades ilícitas.

La declaración de Cabal surge en respuesta al reciente pronunciamiento presidencial sobre la necesidad de abordar los actos de terrorismo y vandalismo que, según el mandatario, ocurren en algunos centros educativos superiores del país. La postura de la política resuena con un sector de la opinión pública que demanda mayor control sobre el orden público en estos recintos.

De la Espriella y la soberanía del orden público

El presidente Abelardo de la Espriella anunció su plan durante una locución presidencial el pasado 13 de septiembre. Su argumento central es que la autonomía universitaria, si bien es un principio fundamental, no puede interpretarse como una excepción a las normas que rigen el orden público. En su alocución, De la Espriella distinguió claramente entre la protesta pacífica, que calificó como un derecho constitucional legítimo, y el vandalismo urbano o terrorismo, que deben ser enfrentados por el Estado.

El protocolo, aún en desarrollo, buscará establecer criterios claros para determinar cuándo las autoridades pueden intervenir en los campus universitarios. Su objetivo es diferenciar las manifestaciones legítimas de aquellas situaciones que involucren violencia o afectación grave a la convivencia y la infraestructura. Esta medida busca un equilibrio entre el respeto a la autonomía académica y la garantía de seguridad.

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Cabal: «Colonizadas por guerrilla y jíbaros»

La respuesta de María Fernanda Cabal no se hizo esperar y fue contundente. La política del Centro Democrático afirmó que la autonomía universitaria fue «inventada por los comunistas para colonizar y llenar las aulas de guerrilla, prostitución y jíbaros vendiendo droga». Enfatizó que Colombia es uno de los pocos países donde el ingreso de la Fuerza Pública está vetado en las universidades, situación que, según ella, ha propiciado un ambiente de impunidad.

Cabal citó un incidente no especificado en la Universidad del Atlántico, señalando que «así mataron a una joven (…) y nada pasó». La exprecandidata exigió directamente la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad): «¡Que entre el Esmad y saque a los vagos degenerados que se roban los cupos!». Esta postura radical aviva el debate sobre los límites de la protesta estudiantil y la injerencia estatal en la vida universitaria.

Reacciones divididas y el contexto histórico de la autonomía universitaria

El anuncio presidencial y las declaraciones de Cabal han polarizado el escenario político y social. La senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional, coincidió en que «la autonomía universitaria jamás puede convertirse en inmunidad para vandalizar, destruir o aterrorizar». Argumentó que las aulas deben ser espacios para el debate y el estudio, no para «esconder delincuentes tras unas capuchas».

Por otro lado, voces críticas, como la de Mary Luz Herrán, exesposa del expresidente Gustavo Petro, advirtieron sobre una posible escalada de protestas. Herrán aseguró que no solo los estudiantes, sino miles de colombianos, respaldarían a quienes se manifiesten, dejando claro que no son «terroristas urbanos», sino «ciudadanos que ejercerán su derecho a la protesta» en defensa de la democracia y las libertades.

Un debate arraigado en la historia colombiana

El debate sobre la autonomía universitaria y la intervención de la Fuerza Pública tiene profundas raíces históricas en Colombia, especialmente en regiones como el Valle del Cauca y Cauca, donde universidades como la del Valle o la del Cauca en Popayán han sido escenarios recurrentes de tensiones. La autonomía universitaria, consagrada en la Constitución de 1991, fue una conquista de movimientos estudiantiles que buscaban proteger la academia de injerencias políticas y militares, inspirada en gran parte por el Movimiento de Córdoba de 1918.

Sin embargo, con el tiempo, esta autonomía ha sido objeto de interpretaciones diversas. Mientras algunos la defienden como un baluarte de la libertad de pensamiento y la crítica social, otros denuncian que en ocasiones se ha transformado en un «santuario» donde grupos al margen de la ley o vándalos aprovechan para operar impunemente. La tensión entre el derecho a la protesta, la seguridad ciudadana y la inviolabilidad de los recintos académicos configura un dilema persistente en la esfera pública colombiana, que el nuevo protocolo presidencial busca abordar, no sin generar intensas reacciones.