Alí Bantú denuncia perfilamiento gubernamental y amenazas de muerte

Bogotá, Colombia – El 17 de septiembre de 2026, el abogado y defensor de derechos humanos, Alí Bantú Ashanti, hizo una seria denuncia pública a través de sus redes sociales, afirmando ser objeto de amenazas de muerte y un presunto «perfilamiento» por parte del Gobierno Nacional. La acusación ha resonado en círculos de derechos humanos y políticos, encendiendo alarmas sobre la seguridad de quienes ejercen la defensa de poblaciones vulnerables en el país.

Denuncia de Perfilamiento y Amenazas

Bantú Ashanti, conocido por su activismo en casos de abuso policial y discriminación racial, detalló que, según fuentes de inteligencia, su información personal y hoja de vida habrían sido solicitadas por entidades gubernamentales. “Me informan, fuentes de inteligencia, que desde el Gobierno de Abelardo de la Espriella me están perfilando. Han pedido mi hoja de vida y están solicitando información mía, no para darme empleo, obviamente, sino con intenciones de hacer algún tipo de falso positivo y atacar mi integridad física y moral”, declaró el defensor.

El abogado calificó la situación de «perfilamiento», un término que sugiere la recopilación y análisis sistemático de información sobre una persona con propósitos potencialmente hostiles o de vigilancia. Sus declaraciones no solo apuntan a una posible intimidación, sino también a la creación de un escenario que podría poner en riesgo su vida y reputación.

Petición de Protección y Advertencia Pública

Ante la gravedad de la situación, Alí Bantú hizo un llamado a las instituciones del Estado encargadas de la protección y control. “Es muy importante que los organismos de protección, control e investigación protejan la vida de los defensores de derechos humanos”, enfatizó. La solicitud subraya la necesidad de activar mecanismos de protección para quienes, como él, a menudo se encuentran en la primera línea de la defensa de los derechos fundamentales.

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El defensor también emitió una advertencia directa a sus presuntos acosadores, dejando una constancia pública sobre su postura. “No aspiro a que este gobierno fascista me mate, pero tampoco me voy a esconder”, afirmó. Añadió, “Ojalá ningún cobarde se atreva a dispararme por la espalda, por lo menos que me dé la oportunidad de que el combate sea parejo. Dejo esta constancia, hoy 17 de septiembre de 2026”. Esta declaración refleja una combinación de desafío y una preparación para enfrentar cualquier agresión, al tiempo que busca disuadir acciones clandestinas.

Contexto de Violencia contra Defensores en Colombia

La denuncia de Alí Bantú Ashanti se inscribe en un preocupante patrón de violencia y amenazas contra defensores de derechos humanos en Colombia. Históricamente, el país ha sido uno de los más peligrosos para quienes ejercen esta labor, especialmente en regiones como el suroccidente (Valle del Cauca, Cauca, Nariño), donde confluyen intereses de grupos armados ilegales, economías ilícitas y disputas territoriales que a menudo afectan a comunidades étnicas y rurales.

Aunque la denuncia específica no se sitúa en una región particular, la experiencia de Alí Bantú en casos de discriminación racial y abuso policial lo ha llevado a confrontar estructuras de poder que pueden generar reacciones adversas. La estigmatización y los señalamientos de líderes sociales y defensores por parte de actores estatales o paraestatales no son un fenómeno nuevo en Colombia, lo que añade un peso significativo a la declaración de Bantú.

La polarización política actual en el país también puede exacerbar estas tensiones. En un ambiente donde las narrativas gubernamentales y opositoras a menudo se contraponen, la figura del defensor de derechos humanos puede ser percibida de manera sesgada, incrementando su vulnerabilidad. La solicitud de información personal, aunque su propósito oficial se desconoce, genera un clima de incertidumbre y temor en un contexto donde el espionaje y la vigilancia ilegal han sido prácticas recurrentes en el pasado.

Implicaciones y Expectativas

La denuncia de Alí Bantú Ashanti exige una investigación transparente y expedita por parte de las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. La credibilidad de las instituciones en la protección de los derechos humanos está en juego. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos estarán atentas a la respuesta del Estado colombiano y a las medidas que se tomen para garantizar la seguridad del defensor.

La situación de Alí Bantú es un recordatorio constante de los desafíos que enfrentan los defensores en Colombia, quienes a menudo deben navegar entre la inacción estatal y la amenaza directa por parte de diversos actores. La denuncia no solo busca protección individual, sino que también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer el marco institucional para salvaguardar la vida y el trabajo de todos los defensores de derechos humanos en el país.