Alerta en Popayán por presunto reclutamiento forzado de estudiante rumbo a su colegio

La comunidad de la Institución Educativa Gabriela Mistral permanece en zozobra tras la desaparición del menor Jimmy Tosne, ocurrida el pasado viernes 15 de octubre. El estudiante fue visto por última vez en las inmediaciones del plantel educativo en Popayán, sin que lograra ingresar a su jornada académica habitual.

El último trayecto de Jimmy Tosne en Popayán

De acuerdo con testimonios de familiares y educadores, el alumno partió desde su residencia en la vereda El Paraíso, punto rural situado a dos kilómetros del casco urbano de Popayán. El trayecto transcurría con normalidad en el transporte público hasta el paradero conocido como Mi Vaquita.

Aproximadamente a las 6:30 de la mañana, Tosne inició su desplazamiento a pie rumbo a las aulas escolares, atravesando la zona del Puente Viejo. En ese tramo, a escasa distancia de las instalaciones educativas, se interrumpió toda comunicación con él.

Integrantes del plantel manifestaron su consternación frente a lo sucedido: “Nuestro estudiante no alcanzó a llegar al colegio. Estaba a pocos metros y se lo llevaron. Desde la institución estamos muy preocupados porque todos nuestros estudiantes son muy importantes y nos duele porque es menor de edad y ha estado con nosotros en todo su proceso educativo”.

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Sospechas sobre estructuras armadas ilegales

Aunque los organismos institucionales competentes no han validado de manera definitiva esta línea de investigación, los primeros indicios apuntan a una posible retención forzada ejecutada por una disidencia de las extintas FARC. Desde la escuela expresaron: “Presuntamente fue reclutamiento, pero no sabemos mucho. Igual estamos orando y generando reflexiones alrededor de la situación”.

Este hecho en el sector periurbano de la capital departamental evidencia la propagación de este fenómeno criminal hacia territorios como Popayán, El Tambo, Cajibío y Totoró, superando los focos tradicionales del norte y la costa pacífica caucana.

Pese a la firma del Acuerdo de Paz de 2016, diversas organizaciones armadas —entre ellas el ELN, la Segunda Marquetalia y disidencias del Estado Mayor Central como el Frente Dagoberto Ramos Ortiz y el Frente Jaime Martínez— sostienen confrontaciones violentas por el control de la minería ilegal, el tráfico de estupefacientes y los corredores estratégicos del Cauca. Estas dinámicas victimizan de forma directa a menores campesinos, afrodescendientes e indígenas.

El Cauca lidera las estadísticas de vinculación forzada

Datos aportados por la Defensoría del Pueblo catalogan al departamento del Cauca como el epicentro nacional de esta problemática:

Durante 2023, la entidad contabilizó más de 300 casos en el territorio nacional, concentrándose cerca de un tercio de estos reportes en el Cauca.
En el transcurso del primer semestre de 2024, los registros nacionales superaron los 190 episodios, evidenciando un alza superior al 70% advertida por Unicef y la Misión de Verificación de la ONU.
Indepaz y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos señalan que Cauca, Valle, Nariño, Putumayo y Chocó agrupan más del 75 por ciento de los eventos reportados.

A localidades con registros continuos como Balboa, Argelia, Caldono, Corinto, El Tambo, Suárez y Toribío, se añade ahora el riesgo latente en Popayán. A través de Alertas Tempranas para la zona central caucana, la Defensoría del Pueblo ha detallado que estas estructuras recurren al secuestro en caminos vecinales, falsas promesas económicas, intimidaciones y raptos en los accesos escolares para captar a jóvenes entre los 12 y 17 años.

Marco legal y llamado de las familias

La incorporación forzosa de menores de 18 años quebranta el Derecho Internacional Humanitario, considerándose un crimen de lesa humanidad y de guerra que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mediante el macrocaso 07. Asimismo, el artículo 162 del Código Penal colombiano establece castigos superiores a 20 años de cárcel frente a esta conducta, la cual acarrea deserción escolar, fracturas familiares y severos traumas psicosociales.

Frente al caso, los allegados y maestros de la Institución Educativa Gabriela Mistral instaron a la Fiscalía, la alcaldía de Popayán, la Gobernación del Cauca, el Icbf, la Defensoría del Pueblo y la Policía de Infancia y Adolescencia a desplegar los protocolos de búsqueda y salvaguarda de derechos.

Para aportar información sobre la ubicación del menor de edad, se encuentran habilitadas la línea 123 de la Policía, el 141 del Icbf y los canales de la Defensoría del Pueblo. “Lo único que pedimos es que nos lo devuelvan con vida. Es un niño, es nuestro alumno, es parte de nuestra familia”, concluyeron desde la institución.