Una reciente directriz interna de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha generado debate en Colombia tras revelarse que la entidad ha solicitado a sus contratistas y funcionarios modificar el lenguaje en sus informes y comunicaciones oficiales. La medida principal consiste en priorizar el término «productores rurales» en lugar de «campesinos» y reemplazar la expresión «reforma agraria» por «acceso a tierras» o «formalización».
Cambio de Léxico en la ANT: Implicaciones y Origen
La información, inicialmente divulgada por el portal de investigación periodística La Silla Vacía, detalla un mensaje de WhatsApp que circuló entre contratistas de la ANT. Dicho mensaje, enmarcado en los consejos de redacción de la Oficina de Comunicaciones, establece los nuevos lineamientos para la producción de documentos, informes y piezas gráficas durante la administración de Abelardo De la Espriella al frente de la entidad.
Además de la sustitución de términos, la directriz propone la incorporación de frases de marketing institucional como «La era del campo milagro», «Firmes por el campo», «Colombia, un país de propietarios» y «La Patria Milagro se construye desde el campo». Estas expresiones buscan reforzar una narrativa específica sobre el desarrollo rural y la propiedad de la tierra.
Contradicción con el Marco Legal y Constitucional
La restricción lingüística impuesta por la ANT ha suscitado inquietudes significativas, especialmente si se considera el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y de especial protección en Colombia. El artículo 64 de la Constitución Política de 1991 establece una obligación clara del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra para los trabajadores agrarios, así como el mejoramiento de sus condiciones de vida.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Asimismo, la expresión «reforma agraria» no es una categoría en desuso dentro del marco normativo colombiano. La Ley 160 de 1994, que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, es un pilar fundamental en la legislación agraria del país. Incluso, leyes promulgadas recientemente, como una en 2025 (mencionado como un posible error de tipeo en la fuente, pero tomado como referencia de vigencia), mantienen referencias explícitas a la reforma agraria, a los campesinos y a su participación activa en este sistema.
El mensaje que contiene estas directrices fue firmado por la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras (Oigt) y su difusión por canales informales, como WhatsApp, ha incrementado la preocupación entre diversas organizaciones campesinas, funcionarios y contratistas de la propia agencia.
Contexto Socio-Político del Debate Agrario en Colombia
Este episodio en la Agencia Nacional de Tierras no ocurre en un vacío. Colombia, particularmente en regiones como el Valle del Cauca o el suroccidente con departamentos como Cauca y Nariño, ha vivido históricamente tensiones profundas ligadas a la tenencia y uso de la tierra. La concentración de la propiedad, los conflictos por despojo, el desplazamiento forzado y la presencia de cultivos de uso ilícito son realidades persistentes que han configurado un panorama complejo.
El concepto de «reforma agraria» en Colombia está intrínsecamente ligado a la búsqueda de equidad y justicia social en el campo, una aspiración que ha sido motor de movimientos sociales y de políticas públicas a lo largo de décadas, con resultados mixtos. Por otro lado, la figura del «campesino» ha sido central en la construcción de la identidad rural y en las reivindicaciones por derechos básicos.
La administración actual, bajo el liderazgo del Presidente Gustavo Petro, ha puesto un énfasis significativo en la implementación de una «Reforma Agraria» como uno de los pilares de su programa de gobierno, buscando redistribuir tierras para fines productivos y formalizar la propiedad de pequeños y medianos agricultores. La reticencia de una entidad clave como la ANT a utilizar estos términos específicos podría interpretarse como una divergencia o, al menos, una matización de la agenda oficial en un momento crucial para la política de tierras en el país.
Reacciones y Perspectivas Futuras
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Agencia Nacional de Tierras que aclare el alcance y la obligatoriedad de estas recomendaciones. Sin embargo, el debate ya está abierto. Organizaciones campesinas han expresado su preocupación, argumentando que invisibilizar el término «campesino» podría mermar el reconocimiento de su identidad y sus luchas históricas.
La discusión sobre el lenguaje oficial no es meramente semántica; refleja visiones distintas sobre el desarrollo rural, la propiedad de la tierra y el rol del Estado en la corrección de las desigualdades históricas. La forma en que la ANT aborde estas directrices y las reacciones que generen en el espectro político y social serán determinantes para entender la dirección de la política agraria en el país.
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