Advierten riesgo fiscal por gas fósil en Colombia: ¿Transición energética real?

La reciente aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 328/24C en la Comisión V de la Cámara de Representantes ha encendido las alarmas entre organizaciones ambientalistas y expertos en energía en Colombia. La iniciativa legislativa busca promover el gas fósil como energético estratégico para la transición energética del país, una medida que, según sus críticos, no solo agrava la crisis climática sino que también expone a Colombia a serios riesgos fiscales debido a su profunda dependencia de los combustibles fósiles.

El Consejo Permanente para la Transición Energética Justa (CPTEJ) ha manifestado su rechazo a esta decisión, argumentando que el gas fósil no puede considerarse un combustible de transición. Su preocupación radica en las características de este energético: la liberación de metano durante su extracción y transporte. El metano es un gas con un potencial de calentamiento global 86 veces superior al dióxido de carbono en un horizonte de 20 años, según datos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), y es responsable de más del 25% del calentamiento global actual. Avanzar en la exploración y explotación de nuevos yacimientos, especialmente los no convencionales o costa afuera, perpetuaría la dependencia y aumentaría estas emisiones perjudiciales.

La ilusión de la autosuficiencia: Declive de reservas y dependencia fiscal

Colombia se encuentra en una encrucijada energética. Las cifras sobre las reservas de petróleo y gas del país son un indicador crítico de esta vulnerabilidad. Colombia posee solo el 0,1% de las reservas globales de petróleo y menos del 0,05% de gas, una proporción ínfima si se compara, por ejemplo, con Venezuela, que cuenta con el 17,5% de las reservas mundiales de petróleo y el 3,3% de gas. En 2022, la producción alcanzó los 275 millones de barriles de petróleo y 392 Gpc de gas, pero los nuevos descubrimientos solo aportaron 6 Mbl de petróleo y 36 Gpc de gas, una tendencia a la baja que se mantiene desde hace casi dos décadas por la marginal inversión en exploración.

Esta realidad contrasta con la marcada dependencia económica del país de los ingresos generados por la exportación de petróleo. Entre 2017 y 2021, estos representaron el 60% del total de las exportaciones nacionales. Dicha dependencia, combinada con la reducción constante de las reservas, subraya la necesidad urgente de un cambio estructural en la política energética que no ceda al «pánico impulsado por la industria fósil», como lo ha señalado el CPTEJ.

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Riesgos económicos de invertir en gas fósil

Insistir en la explotación de gas fósil, particularmente en yacimientos no convencionales, conlleva riesgos económicos significativos. El CPTEJ advierte que las inversiones en estos proyectos podrían no ser comercialmente viables debido a los precios fluctuantes del gas. Esto implicaría que el Gobierno colombiano se vería obligado a implementar subsidios o conceder incentivos fiscales para mantener los precios accesibles al consumidor, trasladando así la carga económica al erario público y profundizando el déficit fiscal.

Contexto Colombiano: Desafíos de la transición energética en un país extractivista

La discusión sobre el PL 328/24C no es un hecho aislado en Colombia, sino que se inscribe en un debate más amplio y complejo sobre el modelo económico y el futuro energético del país. Históricamente, la economía colombiana ha estado fuertemente ligada a la explotación de recursos naturales, especialmente petróleo y carbón. Esta dependencia ha configurado una estructura fiscal y de desarrollo que hoy se enfrenta a la urgencia global de descarbonización y a la necesidad de diversificar sus fuentes de ingresos y energía.

El gobierno actual ha manifestado una voluntad política de avanzar hacia una transición energética justa, promoviendo las energías renovables no convencionales (solar, eólica) y buscando reducir la dependencia de los hidrocarburos. Sin embargo, la implementación de esta política ha encontrado resistencia y desafíos importantes, tanto por la fuerte presencia de la industria fósil como por la preocupación sobre la estabilidad fiscal y la autosuficiencia energética a corto y mediano plazo. Proyectos como el PL 328/24C evidencian las tensiones internas y la dificultad de alinear los intereses económicos inmediatos con los objetivos de sostenibilidad ambiental y climática a largo plazo, generando incertidumbre sobre la coherencia de la política pública en esta materia crucial para el futuro de Colombia.

Consecuencias de perpetuar la dependencia:

Aumento de emisiones de metano: Contribuye significativamente al calentamiento global.
Vulnerabilidad fiscal: La economía permanece expuesta a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y gas.
Inversiones riesgosas: Proyectos en yacimientos no convencionales podrían requerir subsidios públicos para ser sostenibles.
Rezagos en la transición: Se desincentivan las inversiones en energías renovables y la diversificación de la matriz energética.
Impacto en la salud planetaria: Los fenómenos de la crisis climática se agudizan en los territorios.

La decisión de priorizar el gas fósil, en lugar de ser un paso hacia la transición, podría consolidar un modelo que ya muestra signos de agotamiento y que, además, contraviene los compromisos internacionales de Colombia en materia climática. La construcción de un camino sostenible requiere políticas coherentes que protejan el agua y la vida, y que apuesten decididamente por soluciones reales a la crisis climática, lejos de la inercia del modelo extractivista.