La posibilidad de un apagón en Colombia ha generado un debate encendido, con la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, situando la responsabilidad directamente en la actual administración gubernamental. En declaraciones recientes, Gutiérrez subrayó que, de concretarse un escenario de desabastecimiento energético, este sería imputable al Gobierno del presidente Gustavo Petro, aunque reconoció los esfuerzos del equipo ministerial para mitigar el riesgo.
La tensión energética se agudiza en un contexto marcado por la prolongación del fenómeno de El Niño, que ha puesto a prueba la infraestructura y la capacidad de generación del país. Ante esta coyuntura, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha dispuesto la implementación de cobros adicionales por el exceso de consumo, una medida que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2026. Esta estrategia busca incentivar el ahorro y desincentivar el derroche, un paso que, según Acolgen, es valiente pero políticamente costoso.
La responsabilidad del riesgo energético: ¿Herencia o gestión actual?
Natalia Gutiérrez fue enfática al señalar que la situación actual es una «herencia» de gobiernos anteriores, pero que la concreción de un apagón, si llegara a ocurrir, recaería sobre la gestión presente. «Si en este momento en el país estamos en esta situación, es por culpa del gobierno anterior y si llegamos a tener un apagón, es el apagón de Petro que se lo dejó al presidente Abelardo de la Espriella», afirmó Gutiérrez, haciendo una referencia inusual al presidente como «Abelardo de la Espriella», un desliz que no minó su crítica al señalar la responsabilidad.
No obstante, la líder gremial matizó sus palabras al reconocer el compromiso del presidente Gustavo Petro y su ministra de Minas y Energía. «Por otra parte, el presidente Abelardo y su ministra han asumido una tarea supremamente retadora y supremamente difícil, pero además supremamente valiente, porque hablar de ahorro de energía no es popular, hablar de ahorro de energía tiene un costo político, sin embargo, lo están haciendo por el bien del país», añadió.
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La propuesta de la CREG de aplicar cobros adicionales por el consumo excedente busca ser un mecanismo de incentivo, no de castigo. Gutiérrez explicó que la intención es que los ciudadanos que logren reducir su consumo reciban un estímulo, evitando así un incremento en sus facturas de energía. Sin embargo, la medida discrimina por estratos socioeconómicos, con implicaciones diferenciadas:
- Para estratos 1 y 2, el cobro adicional sería de un 30% sobre el valor excedente.
- Para estratos 4, 5 y 6, el incremento alcanzaría un 70% sobre el valor excedente.
Esta diferenciación busca proteger a las poblaciones más vulnerables, aunque no exime a ningún estrato de la necesidad de un consumo responsable. Es importante destacar que algunos departamentos afectados por eventos como terremotos han sido excluidos temporalmente de estas disposiciones, reconociendo sus particulares circunstancias.
Contexto económico y desafíos para la Costa Atlántica
Históricamente, el suministro y costo de la energía eléctrica en Colombia ha sido un tema de sensibilidad particular en la Costa Atlántica, una región que durante años ha denunciado tarifas elevadas y un servicio intermitente. El suroccidente del país, aunque con retos distintos, también experimenta las fluctuaciones del sector energético.
Actualmente, el país se enfrenta a la dualidad de la necesidad de transitar hacia energías más limpias y sostenibles, mientras se asegura la estabilidad del suministro con la matriz energética actual, fuertemente dependiente de la hidroelectricidad, vulnerable ante fenómenos climáticos como El Niño. Esta transición implica inversiones significativas en infraestructura y la diversificación de fuentes de generación, desafíos que requieren una planificación a largo plazo y una gestión eficiente.
Gutiérrez también desmintió la percepción generalizada de que la Costa Caribe paga las tarifas más altas del país, asegurando que los precios se han equilibrado y que, en algunos momentos, incluso Bogotá ha registrado costos superiores. Este cambio, según la presidenta de Acolgen, es resultado de «grandes esfuerzos» para nivelar las condiciones en el mercado energético nacional.
En el fondo, la discusión sobre el apagón no solo es técnica o económica, sino también política y social, pues afecta directamente la calidad de vida de los colombianos y la estabilidad del desarrollo productivo en un país que busca consolidar su crecimiento en medio de complejidades climáticas y retos estructurales.
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