La situación de Daneidy Barrera Rojas, conocida mediáticamente como «Epa Colombia», ha vuelto a captar la atención pública tras las recientes declaraciones de su abogada, Wendy Herrera. Según Herrera, la influencer, actualmente recluida en un centro penitenciario en Ibagué, está experimentando una «tortura psicológica» y un «sufrimiento muy grande» que ha deteriorado gravemente su salud mental.
Barrera Rojas fue condenada por los daños causados a una estación de Transmilenio en Bogotá durante las protestas de 2019. Su proceso judicial y reclusión han sido objeto de constante seguimiento, tanto en medios de comunicación tradicionales como en redes sociales, donde su figura genera opiniones divididas entre apoyo y crítica.
Traslados y denuncias de tratos arbitrarios
Desde su condena, Daneidy Barrera ha sido trasladada entre diferentes centros de reclusión. Inicialmente, estuvo en la Cárcel El Buen Pastor, luego en la Estación de Carabineros de Bogotá y, finalmente, el 7 de agosto, fue enviada a Ibagué. Es en este contexto de traslados y reclusión que, según su abogada, se han presentado las situaciones más difíciles.
Wendy Herrera, en diálogo con el programa «La Red», detalló las acusaciones de su clienta. «Daneidy me ha relatado que ha sido víctima de tortura psicológica. Según su relato, ha sido víctima de esa persecución, donde ya venían, desde abril, diciéndole que el 7 de agosto la iban a sacar. Eso está en investigación y en denuncias», afirmó Herrera. La letrada agregó que, durante su estancia en la Estación de Carabineros de Bogotá, Barrera Rojas habría recibido tratos discriminatorios. Mientras otras internas supuestamente recibían visitas que permitían procedimientos estéticos o celebraciones, a Epa Colombia se le negaba el ingreso de su hija, imponiéndole numerosas restricciones.
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La abogada enfatizó el profundo impacto emocional que esta situación ha tenido en Daneidy Barrera. «Ella ha venido teniendo muchos padecimientos de ansiedad crónica, procesos psicológicos crónicos muy fuertes por el no poder estar con su hija. Ella no ha podido compartir con su hija… un sufrimiento muy grande. Eso se ha visto reflejado en su salud mental. Ella requiere de acompañamiento médico para poder superar este episodio», explicó Herrera.
Aunque la abogada reconoce que la prisión es intrínsecamente un lugar de privación, señaló que su clienta se encuentra ahora en un patio donde comparte celda con otras mujeres que considera «muy buenas personas» y, en ese sentido, se siente más segura. No obstante, la condición general de su salud mental sigue siendo una preocupación primordial.
Contexto de la reclusión en Colombia y percepciones públicas
El caso de Daneidy Barrera Rojas no solo resalta las complejidades del sistema penitenciario colombiano, sino que también subraya el escrutinio público al que están sometidas figuras conocidas. La condena de Barrera Rojas, ligada a actos de vandalismo durante una protesta social, generó un debate nacional sobre la justicia, la libertad de expresión y la responsabilidad individual.
El sistema carcelario en Colombia, a menudo criticado por su hacinamiento y condiciones precarias, se enfrenta constantemente a desafíos para garantizar los derechos humanos de los reclusos. Casos como el de «Epa Colombia» ponen de manifiesto la importancia del acompañamiento psicológico y social dentro de los centros penitenciarios, especialmente para aquellos que experimentan una privación de libertad prolongada y el alejamiento de sus seres queridos, factores que pueden exacerbar problemas de salud mental.
La opinión pública, por su parte, se encuentra dividida. En redes sociales, los comentarios oscilan entre la empatía por la situación de Barrera Rojas, con peticiones de libertad condicional o casa por cárcel, y la defensa de que debe cumplir su condena como cualquier ciudadano. Algunos usuarios argumentan que «ella no es un peligro para la sociedad» y es una «chica emprendedora», mientras otros insisten en que «debe pagar su condena como todos los colombianos», sin privilegios por su fama.
La abogada Wendy Herrera ha iniciado las acciones legales pertinentes para investigar las denuncias de «tortura psicológica» y tratos arbitrarios, buscando garantizar que se respeten los derechos fundamentales de su clienta durante su reclusión.
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