Wilson Humberto Velandia Serrano, quien ostentaba el rango de coronel en retiro del Ejército Nacional, deberá cumplir medida de detención preventiva en un centro penitenciario. La determinación judicial responde a su vinculación en graves vulneraciones contra los derechos humanos perpetradas en el municipio de Granada, Antioquia, durante las jornadas del 21 y 22 de febrero de 2003.
Personal de la Sijín de la Policía Nacional materializó la captura del oficial retirado en la ciudad de Medellín, tras una orden expedida por un despacho adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. La vinculación formal del investigado se produjo mediante indagatoria bajo las directrices de la Ley 600 de 2000.
La incursión armada y las agresiones contra las víctimas
De acuerdo con las averiguaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, miembros del Frente Batallas del Santuario, facción perteneciente al Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), privaron de la libertad a dos mujeres de 17 y 19 años en el parque central de la población, conduciéndolas luego hacia un domicilio.
En el periodo en que sucedieron los hechos, Velandia Serrano se desempeñaba con el grado de teniente dentro del Batallón de Artillería n.º 4, unidad orgánica de la Cuarta Brigada del Ejército. Los informes ministeriales sostienen que el uniformado arribó al predio en cuestión y trasladó a la menor de 17 años a una zona de sanitarios para someterla a agresiones de tipo sexual.
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Órdenes de homicidio y maniobras de ocultamiento
Los elementos probatorios acopiados señalan que Velandia Serrano habría impartido la instrucción a los paramilitares de ultimar a las dos afectadas e inhumar sus despojos en una elevación montañosa de la zona. Con posterioridad, el procesado presuntamente dispuso desenterrar los restos con el fin de entorpecer su localización por parte de las autoridades, circunstancia fundamental en la imputación por desaparición.
Cargos imputados por el ente acusador
Dentro del marco de este proceso judicial por sucesos ocurridos hace más de 23 años en el oriente antioqueño, la Fiscalía le atribuye al coronel retirado la presunta comisión de cinco conductas punibles:
- Secuestro simple agravado.
- Acceso carnal violento en persona protegida.
- Tortura en persona protegida agravada.
- Homicidio en persona protegida.
- Desaparición forzada agravada.
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