Denuncian que peluquero de Abelardo de la Espriella es transportado en helicópteros de la Fuerza Pública
Una controversia política rodea el uso de aeronaves del Estado luego de que el periodista Melquisedec Torres divulgara en sus redes sociales y espacios de opinión cuestionamientos sobre el presunto traslado de un estilista y empresario cercano al presidente Abelardo de la Espriella en un helicóptero de la Policía Nacional. De acuerdo con los señalamientos difundidos por el comunicador, el particular habría abordado la aeronave oficial con destino a un acto público portando indumentaria con distintivos institucionales.
La denuncia se suma a un debate más amplio en el Congreso y la opinión pública sobre los desplazamientos aéreos del Ejecutivo y la utilización de símbolos militares en la comunicación oficial. Según han señalado congresistas de la oposición y analistas políticos en distintos espacios informativos, el transporte de civiles sin funciones públicas en aeronaves oficiales y el uso de uniformes o insignias por personas ajenas a la institución desdibujan la separación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas, además de comprometer recursos públicos en desplazamientos que consideran innecesarios. Asimismo, estos sectores han cuestionado la aparición del mandatario vistiendo prendas de camuflaje de la Fuerza Pública durante visitas regionales, solicitando la intervención de los organismos de control para revisar los manifiestos de vuelo y las autorizaciones administrativas correspondientes.
Por su parte, desde el Gobierno Nacional y sectores afines al Ejecutivo se ha defendido la legalidad y necesidad de los protocolos aplicados en los desplazamientos presidenciales. En pronunciamientos públicos, el presidente De la Espriella ha respaldado el uso de indumentaria oficial en el marco de operaciones y visitas institucionales como una muestra de apoyo y cercanía con la Fuerza Pública. De igual manera, el oficialismo argumenta que la logística aérea, el suministro de elementos de protección y la conformación de las comitivas responden a estrictos criterios de seguridad nacional definidos por los esquemas de protección, rechazando que exista un aprovechamiento indebido de los bienes del Estado y atribuyendo las críticas a motivaciones de carácter político.
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