El Congreso de la República recibió un exhorto directo de la Corte Constitucional con el fin de que las disposiciones fijadas en la Sentencia T-302 de 2017 queden plenamente articuladas dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. La orden busca materializar soluciones para el Estado de Cosas Inconstitucional que afecta a la infancia de las comunidades Wayuu en el departamento de La Guajira.

Las trabas que frenan la superación de la crisis

La Sala Especial de Seguimiento constató que, tras casi una década desde la sentencia, subsisten al menos cuatro barreras estructurales que impiden solucionar la problemática territorial:

  • Inexistencia de un esquema definitivo de intervención que cuente con respaldo económico.
  • Falta de interoperabilidad y cruce de datos entre las dependencias oficiales.
  • Deterioro y fallas constantes en las obras destinadas al suministro de agua.
  • Inconvenientes para asegurar la representatividad válida de los pueblos nativos.

Frente a este escenario, los magistrados determinaron que la estructuración de la próxima hoja de ruta gubernamental para el periodo 2026-2030 brinda un espacio clave para enlazar las directrices judiciales con los mecanismos estatales de presupuesto y planeamiento.

Mandatos a Hacienda, Planeación y Ministerio del Interior

El fallo impartió instrucciones precisas al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Ministerio de Hacienda. Ambas instituciones tienen la tarea de analizar las disposiciones requeridas para atender la providencia judicial y, una vez sustentada su factibilidad técnica y presupuestal, plantear su inclusión formal en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Plurianual de Inversiones.

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De igual manera, el Ministerio del Interior tendrá que formular un calendario orientado a certificar e inscribir a las autoridades tradicionales, así como a reglamentar la elección de los voceros comunitarios.

Diagnóstico sobre el agua y trazabilidad de fondos

En materia de servicios esenciales, el tribunal dispuso la elaboración de un censo minucioso sobre los proyectos de distribución de agua levantados o adecuados a partir de 2017. La directriz exige clasificar las infraestructuras activas e inactivas, determinar los motivos de los daños y trazar un cronograma progresivo para reactivar las instalaciones averiadas.

Adicionalmente, los entes estatales deben aplicar un mecanismo público y claro que defina a qué poblaciones llegarán las obras, evitando marginar sectores por detalles administrativos como carecer de un delegado oficial. Para la vigilancia del gasto, las entidades deben optimizar el rastreo de los contratos ligados al fallo en la plataforma SECOP y unificar una matriz de control sobre convenios y proyectos.

Integración de registros e información bilingüe

El dictamen contempla además un esquema de coordinación informática con el objetivo de enlazar los registros institucionales y finalizar el levantamiento de datos del Registro Multidimensional Wayuu.

Finalmente, se ordenó al Ministerio del Interior traducir el pronunciamiento judicial a la lengua wayuunaiki, en versiones hablada y textual, para garantizar su pedagogía y circulación dentro de las cuatro localidades vinculadas a la problemática.

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