Mediante la Sentencia C-168 de 2026, la Corte Constitucional determinó la inexequibilidad de varios artículos pertenecientes a la Ley 2494 de 2025, normativa denominada popularmente como «Ley Mordaza». La determinación del alto tribunal deja sin efecto las limitaciones temporales impuestas a los sondeos de opinión y resguarda la privacidad de los ciudadanos consultados.

Anulación del límite temporal para medir la intención de voto

El tribunal constitucional descartó la norma que impedía elaborar mediciones con preguntas sobre preferencias electorales por fuera de la ventana de tres meses previos a la apertura de inscripción de candidaturas. La Sala Plena argumentó que dicho bloqueo atentaba contra el derecho fundamental a la información, dado que obstaculizaba la generación de insumos de carácter político a lo largo de un tramo extenso del proceso previo a los comicios.

Los magistrados evaluaron que, pese al objetivo de amparar el equilibrio democrático y la libertad del votante, vetar las encuestas durante periodos tan amplios resultaba innecesario. De acuerdo con el fallo, era factible robustecer los parámetros metodológicos de las firmas sin necesidad de marginar estas herramientas de la discusión pública.

Protección a la información sensible y auditorías técnicas

La providencia también retiró dos requerimientos técnicos vinculados a las labores de inspección a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE):

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  • El envío de los registros telefónicos empleados durante los sondeos realizados por esa vía.
  • La entrega del código computacional diseñado para reproducir la selección muestral en mediciones domiciliarias.

El análisis de la corporación judicial concluyó que el suministro de estos componentes ponía en riesgo la reserva de los encuestados, al posibilitar que sus datos personales quedaran atados a posturas ideológicas o afinidades de voto, las cuales ostentan categoría de información sensible.

Alcance institucional y disidencia en el fallo

La determinación judicial aclaró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conservará plenamente sus facultades de fiscalización y auditoría, manteniéndose vigentes las restantes exigencias legales aplicables a las compañías encuestadoras en Colombia.

La Sentencia C-168 de 2026 contó con el salvamento parcial de voto presentado por el magistrado Vladimir Fernández Andrade. En su postura, Fernández Andrade sostuvo que era indispensable preservar los mecanismos técnicos eliminados con el fin de constatar que las empresas aplicaran los procedimientos de orden metodológico correspondientes.

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